Desaparecidos de Placetas, 24 años de impunidad

EDITORIAL

El pasado 30 de junio se cumplieron 24 años de la desaparición forzada de Alejandro Martínez Dueñas y José de Jesús González Medina en Colima, un caso emblemático que, lejos de ser esclarecido, se encuentra hundido en el olvido institucional.

A lo largo del tiempo, Avanzada ha dejado testimonio del viacrucis que desde 2001 las familias de estas víctimas vivieron un viacrucis marcado por la impunidad, el silencio oficial y el desinterés tanto del gobierno estatal como del federal. La desaparición de estos dos jóvenes —que fueron vistos por última vez en la colonia Placetas— no solo destrozó hogares, sino que también reveló los cimientos podridos de un sistema judicial incapaz, o deliberadamente reacio, a impartir justicia.

En 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 09/2005, en la que concluyó que tres agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima participaron en la detención ilegal y desaparición de los jóvenes. Pese a la contundencia del documento, la respuesta del aparato estatal fue la protección a los responsables, la dilación de las investigaciones y la omisión deliberada de medidas para reparar el daño. Los agentes señalados nunca enfrentaron consecuencias reales. La “recomendación” fue, como tantas veces ocurre, un gesto simbólico sin efecto práctico.

Este caso, que podría haber sido un punto de inflexión en la lucha contra la desaparición forzada en México, quedó relegado a la memoria de los familiares, quienes durante años sostuvieron la esperanza, buscaron, protestaron, acudieron a organismos nacionales e internacionales, y enfrentaron la indiferencia de las autoridades. Hoy, más de dos décadas después, no saben qué fue de Alejandro ni de José de Jesús. Y lo más doloroso: el Estado tampoco quiere saberlo.

La desaparición de estos jóvenes ocurrió antes de que la violencia vinculada al crimen organizado transformara por completo el panorama del país. Sin embargo, su caso es un preámbulo dolorosamente claro de la tragedia que vendría. En Colima, como en todo México, el fenómeno de las desapariciones se ha multiplicado. A la fecha, miles de familias buscan a sus seres queridos sin obtener respuestas. El Estado mexicano ha fallado de forma sistemática en su deber de prevenir, investigar y sancionar este crimen de lesa humanidad.

Recordar el caso de Alejandro y José de Jesús no es solo un acto de memoria; es un reclamo. Es poner el dedo en la llaga de una impunidad estructural que ha permitido que las desapariciones se conviertan en una práctica cotidiana y normalizada. Mientras las instituciones continúan sin asumir su responsabilidad, los familiares cargan con el peso del abandono, la sospecha y la desesperación.

A 24 años, este crimen sigue sin esclarecerse, y el silencio de las autoridades es ensordecedor. El olvido institucional al que ha sido condenado el caso es también una forma de violencia. Las familias de las víctimas merecen justicia y verdad, porque cada caso que se archiva es una herida abierta para todo el país. Y porque no hay futuro posible mientras la justicia siga secuestrada por la complicidad y la negligencia.