Las dudas sobre el Registro Estatal del Delito de Tortura

EDITORIAL

Han pasado tres décadas desde que en 1995 se promulgó en Colima la primera ley estatal para prevenir y sancionar la tortura. Sin embargo, el balance es tan elocuente como vergonzoso: no existe un solo caso conocido en el que esta legislación haya sido aplicada contra algún elemento policíaco, a pesar de las múltiples quejas presentadas durante estos 30 años ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC) y las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público. En los hechos, el delito de tortura ha gozado de una impunidad absoluta, como si se tratara de una conducta aceptada —o al menos tolerada— por el aparato institucional de seguridad y justicia.

Frente a este escenario de desinterés o complicidad, la reciente creación del Registro Estatal del Delito de Tortura por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE)representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero también levanta serias dudas sobre su eficacia real. ¿Una herramienta informática, por robusta que sea, puede revertir tres décadas de omisiones sistemáticas y negligencia institucional?

Como se establece en la nota publicada en Avanzada por la periodista Heidi de León Gutiérrez, el registro busca integrar datos no solo de la Fiscalía, sino también de la CDHEC y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Promete ser una herramienta de análisis de inteligencia que permita identificar patrones institucionales, zonas de riesgo y prácticas sistemáticas de tortura. En teoría, es una medida que fortalece las capacidades del Estado para investigar y sancionar este delito. En la práctica, sin voluntad política, sin fiscalías comprometidas y sin una cultura institucional que rechace la violencia como método de investigación, el registro corre el riesgo de convertirse en un archivo digital sin consecuencias.

Uno de los aspectos más problemáticos es que la utilidad del registro dependerá enteramente de la veracidad y exhaustividad de la información que las instituciones alimenten en él. Y si durante tres décadas no han consignado a un solo torturador, ¿qué garantía hay de que ahora lo harán? La plataforma puede ser técnicamente sofisticada, con protocolos de seguridad, bitácoras electrónicas y cláusulas de confidencialidad, pero todo ello será inútil si los datos que se ingresan son manipulados, incompletos o simplemente inexistentes.

Otro punto crítico es la falta de acceso público. Aunque la confidencialidad es necesaria para proteger a las víctimas, también puede convertirse en un velo de opacidad si no se establecen mecanismos claros de rendición de cuentas. La sociedad civil, la prensa y los organismos de derechos humanos deberían tener al menos acceso a reportes estadísticos y análisis generales, para ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de la ley.

El Registro Estatal del Delito de Tortura puede ser una herramienta valiosa, pero solo si se acompaña de una voluntad institucional real para erradicar la tortura. De lo contrario, será solo una simulación más. La verdadera deuda del Estado colimense no es con el expediente digital, sino con las víctimas a las que ha ignorado, revictimizado o silenciado durante tres largas décadas.