La embestida contra Griselda

EDITORIAL

Por más que se pretenda maquillar como un acto jurídico, elcitatorio judicial que recibió la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez —y varios de sus excolaboradores—, para presentarse este viernes 27 ante un juzgado de ese municipio, sin conocer siquiera de qué se lesacusa, constituye un claro acto de represalia política por parte del gobierno estatal que encabeza Indira Vizcaíno Silva.

La gobernadora de Colima, respaldada por el aparato estatal y cobijada por las estructuras del partido Morena, ha emprendido una ofensiva que tiene más tintes de vendetta personal que fundamentos legales sólidos.

Griselda Martínez ha sido una voz incómoda para el oficialismo morenista en Colima, no por oponerse al proyecto de la Cuarta Transformación, sino precisamente por haber cuestionado, desde dentro, las imposiciones, los abusos y el autoritarismo con el que se ha manejado el grupo político de Vizcaíno. Como presidenta municipal de Manzanillo, fue la única alcaldesa de Morena que se negó a subordinarse a la línea política de la gobernadora, y en múltiples ocasiones denunció la falta de coordinación institucional y la cerrazón del gobierno estatal para trabajar en beneficio de los colimenses.

El citatorio judicial, sin detalles ni cargos claros, es un método burdo y preocupante que remite a prácticas de intimidación. Lejos de representar un avance del Estado de derecho, esta acción se percibe como una advertencia de quequien se atreva a contradecir al grupo en el poder, enfrentará consecuencias.

Lo más grave es que mientras la Fiscalía General del Estado —sumisa al Poder Ejecutivo y sin autonomía real— se movilizó con velocidad inusitada para integrar una carpeta de investigación contra la exalcaldesa, sigue sin esclarecer uno de los hechos más oscuros y violentos de los últimos años en la política local, como fue el atentado que sufrió la propia Griselda Martínez en julio de 2019, cuando un comando armado intentó asesinarla a plena luz del día. A casi seis años del ataque, ni un solo detenido, ni un avance significativo, ni una versión oficial que apunte a la verdad. Ha sido la impunidad total.

Este doble rasero en la procuración de justicia refleja no sólo una falta de profesionalismo institucional, sino también una utilización perversa de las fiscalías como brazo político para castigar disidencias y proteger intereses. Es inaceptable que una institución que debería servir a la ciudadanía funcione como instrumento de persecución y encubrimiento.

La sociedad colimense merece instituciones que operen con ética, legalidad y respeto a los derechos humanos. No puede normalizarse que las diferencias políticas se diriman con expedientes judiciales opacos ni que la justicia se administre con criterios de revancha.

Lo que se juega aquí no es solo el futuro político de Griselda Martínez, sino la credibilidad de un sistema democrático que parece descomponerse bajo el peso del autoritarismo disfrazado de transformación. Porque cuando se usa el poder para silenciar a los críticos, el siguiente en la lista puede ser cualquiera y entonces ya será demasiado tarde.