La beneficencia como estrategia electoral

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

El Teletón, evento de beneficencia a gran escala organizado por Televisa, sin duda ha dejado beneficios a un sector de la población que no recibe la atención a la que tiene derecho por parte de las instituciones del Estado, pero también se ha convertido en una oportunidad para lavar la cara, purificar fortunas y congraciar a gobernantes corruptos e ineficaces con una sociedad proclive al chantaje sentimental.

A engordar el cochinito que reparten los herederos de la familia Azcárraga han contribuido toda suerte de personajes de la cúpula gubernamental, desde el desprestigiado Enrique Peña Nieto hasta Andrés Manuel López Obrador, quien perdonó todas las ofensas del consorcio televisivo una vez que accedió al poder.

Por supuesto, no faltan los gobernadores que, con el pretexto de apoyar causas altruistas, convierten en acción estelar de sus administraciones el respaldo al Teletón, como si sus entidades no carecieran hasta de lo más indispensable en materia de servicios públicos.

Tocó el turno a Colima. Recientemente, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció la posibilidad de que se construya un Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) en la entidad. Para que eso ocurra, es necesario recolectar 40 millones de pesos y contar con la donación de un terreno en el Parque Regional Griselda Álvarez.

Con ese objetivo, la mandataria estatal y absolutamente todos los funcionarios de primer nivel convirtieron en prioridad la recaudación de esos fondos, pues asumieron como propios los objetivos y tareas que debería realizar la marca Teletón con sus propios recursos.

La edificación de un CRIT en la entidad tendría que ser una buena noticia, pues atiende a personas con discapacidad que han padecido un servicio deficiente o, de plano, no fueron recibidas en las instituciones públicas de salud; sin embargo, es cuestionable que sea el gobierno estatal quien aporte recursos, terreno y, eventualmente, hasta personal para la operación de un centro de esas características.

El sistema de salud de Colima se encuentra en ruinas desde los gobiernos priistas; la Cuarta Transformación ha sido incapaz de revertir la precariedad en los servicios sanitarios. Por eso, resulta un despropósito que se pretendan destinar 40 millones de pesos a un proyecto privado, por más altruista que pueda resultar.

La evidente incongruencia resta legitimidad a un proyecto que, para mayor transparencia, debería ser operado e instrumentado directamente por la Fundación Teletón o, en su caso, por organizaciones civiles de la entidad, no desde un gobierno que tiene un cúmulo enorme de rezagos que no ha querido atender, incluyendo precisamente la atención médica a sectores vulnerables.

La participación de gobernantes, funcionarios públicos y políticos contamina el loable esfuerzo que realiza la Fundación Teletón y pervierte los genuinos objetivos de la colecta anual, pues es obvio que los miembros de la élite en el poder siempre tendrán un doble propósito que enmascara su altruismo y bondad hacia las clases vulnerables, misma que, por cierto, no se nota en otros rubros de la administración pública.

En Colima, por ejemplo, el gobierno del estado pretende realizar una donación de 40 millones de pesos y un terreno de importante plusvalía a un organismo privado, cuando existe un Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) al que, desde hace años, no se le ha invertido un peso, a pesar de su trascendental labor de brindar atención a personas con discapacidad.

En dicho lugar, ubicado en la capital del estado, las instalaciones son deplorables y el personal sobrevive en la precariedad laboral. Con todas esas necesidades, pareciera que tal centro no existe para las autoridades del gobierno de Colima.

Por el contrario, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y su círculo más compacto dedican todos sus esfuerzos y capacidades a la colecta del Teletón, al que muy probablemente acabarán entregando recursos del presupuesto estatal, pues es poco factible que la sociedad colimense, con todas sus estrecheces económicas, aporte 40 millones de pesos.

¿Qué motiva a la mandataria estatal y a los principales personajes de la cúpula gobernante? Está claro que no es la atención a personas con discapacidad, pues, de ser así, desde hace mucho habría invertido recursos importantes al CREE, como se ha hecho en otros estados.

Las motivaciones del actual régimen siempre tienen que ver con la frivolidad y el lucro político; en este caso no es diferente. Se buscan réditos y popularidad explotando la solidaridad y empatía colectiva hacia sectores vulnerables. Nada más cuestionable que lucrar con la generosidad de otros.