Colectivos urgen a la Segob tipificar como delito la inacción de funcionarios

Colima, México, Avanzada (12/06/2025).- La Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció este martes a los colectivos de familias buscadoras una mesa técnica para afinar la reforma en materia de desapariciones que impulsa el Gobierno federal.

El objetivo es que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de este año incluya los planteamientos construidos a lo largo de más de diez mesas de diálogo sostenidas con organizaciones desde abril.

Durante una nueva reunión celebrada en la sede de la Segob con colectivos de Colima, Michoacán y Ciudad de México, los familiares de personas desaparecidas insistieron en que el principal obstáculo en su búsqueda de justicia es la omisión sistemática de los ministerios públicos. Denunciaron que las fiscalías tardan en recibir denuncias, activar protocolos de búsqueda inmediata y, posteriormente, en informar y dar seguimiento a los casos.

Entre las propuestas entregadas por los colectivos a las autoridades, destaca una que ha tomado fuerza en los últimos meses: tipificar como delito de desaparición la inacción de los funcionarios públicos. La medida busca fincar responsabilidades penales a quienes, teniendo la obligación de actuar ante una denuncia por desaparición, omiten hacerlo.

La Segob reconoció la necesidad de revisar la reforma con los colectivos antes de su discusión legislativa y planteó la instalación de una mesa técnica para analizar las propuestas y avanzar hacia un texto final que refleje las exigencias de las víctimas y sus familias. Hasta el momento, no se han establecido fechas ni alcanzado consensos definitivos.

Los colectivos presentes señalaron que el proceso gira en torno a cinco ejes fundamentales: la búsqueda de personas, la identificación forense, el acceso a la justicia, la protección y seguridad de las buscadoras, y el fortalecimiento institucional.

Las familias advirtieron que, sin voluntad real para integrar sus voces, la reforma corre el riesgo de convertirse en un ejercicio unilateral que perpetúe las fallas del Estado en la atención de uno de los problemas más urgentes del país.