A impartir justicia con la bendición del oficialismo

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Resulta imposible, idealista, ingenuo o hasta doloso no aceptar que la elección del pasado 1 de junio fue en realidad un ejercicio burdo de legitimación de perfiles orquestado desde los centros del poder morenista, una simulación que a pesar del lamentable porcentaje de votación ciudadana, funciona para ejecutar la colonización del Poder Judicial.

Los resultados, escandalosamente alineados a los intereses del régimen actual, solamente comprueban el ejercicio del voto dirigido, una modalidad de sufragio que no por difundido y evidenciado deja de ser ilegal. No es lo mismo que un ciudadano elabore y comparta en su círculo listados de propuestas, a que lo hagan instancias gubernamentales entre subordinados o beneficiarios de programas sociales.

El contenido de esos acordeones que circularon los días previos a la jornada comicial, sobre todo los oficiales que se entregaron a trabajadores de confianza y población inscrita en los padrones de bienestar, coincide con la identidad de los personajes que ocuparán los órganos jurisdiccionales, sobre todo las magistraturas.

Tal operación era previsible, aunque la cantidad de votantes que se presentaron en las urnas le acarrea descrédito al oficialismo y pone en entredicho su capacidad movilización, sí fue útil para colocar a los perfiles afines en posiciones claves del Poder Judicial, fin último de todo este proceso que comenzó con la reforma constitucional.

Por lo demás, el gobierno federal y los estatales nunca estuvieron interesados en que este proceso convocara a millones de ciudadanos a las urnas, pues con cantidades irrisorias de votos, como sucedió, era suficiente para garantizar espacios a sus incondicionales en los órganos de administración de la justicia.

Claro ejemplo de la inducción del voto que distinguió la jornada del 1 de junio lo representa la colimense Indira García Pérez, quien fue electa como integrante del Tribunal de Disciplina Judicial a nivel nacional, la instancia que vigilará a todos los impartidores de justicia en el país, con 4 millones 346 mil votos.

Indira García, quien fuera titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), con sus casi 5 millones de sufragios, ha sido la colimense más votada en la historia de la entidad, ¿cómo logró eso? ¿qué tuvo que suceder para que una persona que no es conocida ni siquiera a nivel local, obtuviera la tercera mayor votación del país en los comicios del TDJ?

La respuesta es sencilla, por alguna razón, la extitular del OSAFIG se coló en los listados que fueron repartidos en todos los estados por los operadores morenistas y gubernamentales. Sin su nombre inscrito en los acordeones distribuidos por toda la geografía nacional, seguramente no habría pasado de los 18 mil votos que obtuvo en Colima.

Es evidente que el resto de las posiciones en los más altos cargos se definieron de la misma manera, es decir a través del pago de cuotas, favores y pactos que encumbraron a personajes con dudosas trayectorias, pero afines a los círculos del poder.

La inclusión de un nombre en los acordeones fue un privilegio y garantía de éxito que los beneficiarios tendrán que pagar desde la posición que asumirán en los próximos meses. Sin esa votación que mayoritariamente fue inducida, seguramente los resultados serían otros.

Dicha manipulación no solo mancha los comicios, convirtiéndolos en una simulación, sino que coloca a personajes cuestionables en los cargos jurisdiccionales, lo que cancela definitivamente la posibilidad de oxigenar y depurar el Poder Judicial, una tarea que tendrá que esperar muchos años más.

En términos generales, con este proceso la Cuarta Transformación no fue capaz de legarle al país un proceso histórico que sirviera como paradigma a las futuras generaciones; a lo mucho, la elección del primer domingo de junio quedará como una anécdota más en los anales de un país que ha sufrido como pocos las maniobras turbias desde el poder.