Cuatro años de cómplice impunidad

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

En julio de 2021, hace casi cuatro años, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez anunció la quiebra financiera de su administración; ese día también confesó la utilización de mil millones de pesos del presupuesto público, incluyendo dinero de los salarios de los trabajadores, para cubrir deudas a corto plazo con instituciones bancarias.

Tras el colapso de su gobierno y la aceptación del probable delito de desvío de recursos, una avalancha de demandas promovidas por el sindicato de burócratas estatales, la Universidad de Colima y diputados locales, se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Colima.

El caos en que se sumió la etapa final de su sexenio, anticipaba un futuro complicado para el exmandatario caído en desgracia, con más razón si el gobierno estatal sería ahora encabezado por Indira Vizcaíno Silva, candidata de la coalición opositora de Morena y sus aliados.

Fueron días aciagos para miles de trabajadores gubernamentales, la parálisis administrativa sumió en la incertidumbre la gobernanza en la entidad, como nunca había sucedido en la historia local. Un episodio vergonzoso que, era seguro, acarrearía consecuencias graves para los responsables.

En noviembre de 2021, las diputadas Claudia Aguirre y Araceli García, entonces integrantes de la bancada de Morena y hoy marginadas del gobierno estatal, presentaron denuncias de juicio político en contra de Ignacio Peralta y Carlos Noriega García, por el uso irregular de los recursos públicos.

Para diciembre de 2021, apenas una semana después de asumir el cargo, la gobernadora Indira Vizcaíno presentó las primeras denuncias penales contra su antecesor, por la venta irregular de terrenos propiedad del estado; en enero promovió nuevas querellas por el uso irregular de 400 millones en la construcción del C5i.

Tales procesos parecían inaugurar una nueva etapa en el combate a la corrupción en la entidad, cancelando los ciclos de impunidad que se sucedieron durante el régimen priista y, por fin, sancionando a los malos funcionarios que abusaron de sus cargos para expoliar las arcas públicas.

La instauración de los juicios penales y políticos, fue una promesa de la entonces candidata de Morena, uno de los fundamentos de su campaña y eje central del discurso que se ofreció a los votantes colimenses; todo en un contexto de hartazgo a los excesos de la clase gobernante priista.

¿Qué ha pasado cuatro años después? Absolutamente nada. Ignacio Peralta Sánchez es un exgobernador impune, ha librado sin problema la responsabilidad por el desvío de mil millones de pesos que él mismo confesó en julio de 2021. El priista vive feliz, tal como lo prometió en su campaña de 2016.

Las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción no fueron procesadas y mucho menos resueltas, por el contrario, la dependencia procuradora de justicia las declaró reservadas para que nadie pudiera acceder a su contenido ni pedir cuentas sobre su estado.

¿Los juicios políticos? Han pasado dos legislaturas pero el exmandatario y su secretario de Finanzas ni siquiera han sido molestados con una citación, ya no se diga la presentación de los dictámenes de resolución. La mayoría de Morena les han garantizado impunidad y tranquilidad, por cierto, también declaró su reserva, para evitar que se les cuestione al respecto.

Solo por razones políticas, en 2023 se simuló un proceso penal por peculado en contra de Noriega García, sin embargo, fue suspendido en septiembre de ese año, a condición de que el extesorero no recibiera ni manejara ningún fondo público durante seis meses, además de que realizara donaciones a instituciones de beneficencia por un monto de 20 mil pesos.

La conclusión es que el régimen morenista, desde la gobernadora hasta los diputados, pasando por las fiscalías locales, han garantizado impunidad a Ignacio Peralta Sánchez y Carlos Noriega, quienes evidentemente librarán cualquier sanción, a pesar de que generaron el colapso financiero de la entidad. Es un pacto amalgamado con el intercambio de favores, sobrevivencia política en medio del lodazal.

Tales privilegios no son para todos. Hace unos días se notificó el inicio de un proceso penal por el delito de peculado a la exalcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, adversaria política de la gobernadora Indira Vizcaíno y crítica feroz del pragmatismo que purificó a impresentables personajes para llevarlos al gobierno de la transformación.

Esa misma celeridad se dispensa al caso de Alejandro Urtiz, exfuncionario municipal que enfrenta un proceso por abuso de autoridad y ha sido exhibido de manera sospechosa en distintos espacios públicos, en el afán de golpear a quienes el régimen considera sus enemigos.

Contrastan esos dos casos con la absolución de facto concedida a Ignacio Peralta y Carlos Noriega, responsables de la ruina financiera de la entidad; se actúa con premura en contra de enemigos del régimen y se congelan los asuntos contra los cercanos, cómplices, aliados o como quiera llamársele.

La justicia no se aplica de manera selectiva en Colima, simplemente no se aplica, solo se persigue a algunos con fines meramente intimidatorios; el ineficaz aparato judicial se activa para amenazar y perseguir con objetivos políticos, nunca en contra de quienes verdaderamente merecen castigo.

BREVE HISTORIA PARA CAMILA. En unos días, Camila saldrá a su primera experiencia en el extranjero; estoy seguro que serán días provechosos y de enormes aprendizajes. Ha demostrado gran entereza en diferentes retos, por lo que confío en que tendrá éxito en este proyecto. Es la primera vez que nos separaremos tantos días, pero entiendo que este momento tendría que llegar; la princesa ha crecido y ahora tiene la oportunidad de recorrer su propio camino, seguramente lo hará muy bien.