El estrepitoso fracaso de la elección judicial

Editorial

La elección judicial en México dejó una marca imborrable en la historia política del país, no por su éxito, sino por su rotundo fracaso en términos de participación ciudadana. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana se ubicó entre el 12.57% y el 13.32%, cifras que no solo son bajas en sí mismas, sino que también resultan decepcionantes cuando se comparan con otros eventos electorales y consultas públicas recientes.

Por ejemplo, la consulta para la revocación de mandato realizada en 2022 alcanzó un porcentaje de participación del 17.8%, lo que sugiere que la elección judicial no logró captar el interés o la confianza de la ciudadanía en la misma medida.

Este bajo nivel de participación plantea serias preguntas sobre la legitimidad y la representatividad de los resultados obtenidos. La elección judicial es un proceso crucial que afecta directamente la administración de justicia y la confianza en el sistema judicial de un país.

Sin embargo, la apatía y el desinterés mostrados por la mayoría de los ciudadanos sugieren una falta de conexión entre la ciudadanía y el proceso electoral en sí mismo. Esto puede deberse a una variedad de factores, incluyendo la percepción de la ciudadanía sobre la relevancia del proceso, la falta de información adecuada, o incluso la desconfianza en las instituciones electorales y judiciales.

Otro aspecto que merece atención es el costo asociado con la organización de esta elección. Se aprobaron más de 7 mil millones de pesos para el trabajo del INE en este proceso. Esta cantidad es significativa y contrasta abruptamente con la baja participación registrada.

La comparación entre el gasto público destinado a la elección y los resultados obtenidos invita a reflexionar sobre la eficiencia y la efectividad del uso de los recursos públicos. Mientras se invierten sumas considerables en procesos electorales, existen otras áreas prioritarias que demandan atención y recursos, como la salud pública.

En este contexto, resulta ilustrativo considerar las necesidades urgentes en el sector salud, donde el gobierno federal podría haber destinado parte de esos recursos a la adquisición de medicamentos esenciales para hospitales y para el tratamiento de enfermedades graves, como el cáncer infantil.

La priorización de recursos públicos debería reflejar las necesidades más apremiantes de la sociedad, y la comparación entre el gasto en elecciones y las carencias en servicios básicos como la salud pone de relieve la necesidad de una evaluación crítica sobre cómo se asignan los recursos.

No obstante, desde el punto de vista político la elección judicial realizada el domingo podría ser considerada un éxito para sus promotores, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, pues independientemente del porcentaje de participación sus resultados son legales y este mecanismo fue el conducto idóneo para que el Poder Ejecutivo mexicano, en manos de la 4T, controle ahora también al Poder Judicial, luego de que ya dominaba al Poder Legislativo.

Sin embargo, al margen de lo anterior la elección judicial puso de manifiesto desafíos significativos en términos de participación ciudadana y eficiencia en el uso de recursos públicos. La baja participación registrada y el alto costo del proceso electoral son indicadores de que es necesario revisar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana y la gestión de los recursos públicos. Solo a través de un análisis crítico y reflexivo de estos resultados será posible implementar cambios que fortalezcan la democracia y la confianza en las instituciones públicas.