Editorial
El informe anual presentado el miércoles por la organización Artículo 19 advierte, con gran precisión, de los principales obstáculos que enfrenta México en la actualidad en torno a las libertades en materia de transparencia, expresión e información como parte de los derechos humanos y la democracia.
Denominado “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México”, el documento pone énfasis en cinco apartados fundamentales: Violencia y censura contra la prensa, El apagón de la transparencia, Digitalización y vigilancia impulsan el poder sobre la información, Transición al olvido y normalización de la tragedia e Incertidumbre institucional.
De acuerdo con Artículo 19, la atención prioritaria de esas cinco barreras identificadas en el informe permitirá revertir los patrones históricos de violencia, opacidad e impunidad que enfrenta el país, y que hoy amenazan la democracia al debilitar derechos clave la sociedad.
Son desoladoras las cifras ofrecidas por el informe sobre la situación de la violencia contra la prensa en el país, pues constituyen evidencias de una realidad persistente e incluso peor en algunos aspectos.
“La prensa continúa pagando el precio de investigar y comunicar la verdad”, define la organización. Y es quedurante 2024, Artículo 19 documentó un total de 639 agresiones contra periodistas, un incremento del 13.9 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra también equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas, incluidos cinco periodistas asesinados, entre los que destaca Mauricio Cruz Solís, el primero caído en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.
Entre los aspectos destacables de los datos se encuentra el hecho de que el Estado continúa siendo el principal agresor, con 44.9 por ciento de los ataques contra la prensa, una de cada cinco fueron agresiones en línea, se incrementó el acoso judicial y a pesar de que hubo 639 ataques la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) únicamente atrajo 84 investigaciones.
Los estados del país que registraron mayores agresiones contra medios de comunicación y periodistas fueron Ciudad de México (170), Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32), mientras que 84.77 por ciento de los casos de violencia presentados ante la FEADLE continúan en la impunidad.
El informe también califica la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe histórico contra la rendición de cuentas y la apertura gubernamental, además de que la falta de claridad sobre los órganos de gobierno que asumirán las distintas funciones del INAI puede abrir la puerta a un caos institucional que dificulte el cumplimiento de las solicitudes de información.
Artículo 19 también advierte sobre el sistema de vigilancia y control informativo que el Estado ha impulsado bajo un mensaje de modernización, eficiencia y cercanía. “Si bien la organización respalda la apuesta por cerrar la brecha digital y garantizar la inclusión social a través del acceso al internet y a diferentes plataformas, señala que persiste un gran reto en materia de protección a la privacidad”.
Al respecto, la organización señala su preocupación frente a la falta de compromiso con la justicia y el desdén a las víctimas que ha promovido el gobierno mexicano en los últimos años. Como ejemplos, están las descalificaciones a las víctimas y la censura de archivos clave en el Caso Ayotzinapa y la reciente minimización del Caso Teuchitlán.
Otra advertencia sobre las barreras es el debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y proteger los derechos humanos. Estos órganos operan con presupuestos mínimos, estructuras burocráticas e ineficaces y, en muchas ocasiones, complicidades que obstaculizan la procuración de justicia.
Redactado con ánimo propositivo, sin el afán de la crítica por sí misma, el informe de Artículo 19 expone con claridad y sin complacencias las problemáticas detectadas, a la vez que plantea posibles soluciones para librar cada obstáculo.
Ante este informe, el gobierno federal y los estatales tienen ante sí una oportunidad y un reto. Lo deseable es que tengan la suficiente apertura para asumir su contenido como un conocimiento aprovechable en beneficio de toda la sociedad.