En Colima, impunidad para exfuncionarios señalados por corrupción

Colima, México, Avanzada (05/03/2025).- A más de tres años de la llegada de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ninguno de los exfuncionarios o políticos señalados por presuntos actos de corrupción en la administración pasada enfrenta un proceso penal avanzado o se encuentra detenido.

El caso más emblemático es el del exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega García, quien en mayo de 2022 fue vinculado a proceso por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, después de esa vinculación, poco o nada se ha sabido del avance en su caso, dejando en duda el compromiso de las autoridades para castigar a los responsables del boquete financiero que, según el propio gobierno estatal, asciende a 11 mil millones de pesos.

El 25 de noviembre de 2021, apenas 25 días después de asumir el cargo, Vizcaíno Silva declaró en una entrevista con El Financiero Bloomberg que el desastre financiero de Colima tenía nombre y apellido: Ignacio Peralta Sánchez, exgobernador del estado, junto con quienes operaron las áreas financieras durante su gestión. En aquella ocasión, aseguró que se castigaría a los responsables, e incluso detalló que 400 millones de pesos de un crédito por 500 millones, que debían utilizarse para pagar el C5i, fueron desviados por el gobierno anterior.

A pesar de estas declaraciones, hasta la fecha no hay detenciones ni procesos judiciales sólidos en contra de los implicados. Esto contrasta con lo ocurrido en Michoacán, donde el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla impulsa acciones legales en contra de exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo. Hasta el momento, han sido detenidos cuatro exservidores públicos, incluido el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza. Además, existe una orden de aprehensión contra el propio exgobernador de Michoacán por el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos, recursos que estaban destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

El monto del presunto desvío por el que Aureoles es perseguido es menor que los 11 mil millones de pesos señalados por Indira Vizcaíno en el caso de Colima. Sin embargo, en el estado colimense no se han tomado acciones contundentes para fincar responsabilidades.