En breve, diputados de Jalisco definirán el futuro legal de las infancias trans

Jalisco, México, Avanzada (26/01/2025).- En Jalisco, una iniciativa legislativa que busca modificar la Ley del Registro Civil para permitir que menores de edad cambien su nombre e identidad de género está generando debates intensos. Este proyecto, impulsado por el partido local Hagamos, no es solo una propuesta legislativa; es un intento de acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que señala que restringir este derecho a mayores de edad constituye discriminación.

La SCJN ya determinó que las personas trans, incluidas las infancias, tienen el derecho a modificar su identidad en documentos oficiales. Actualmente, 17 estados de México reconocen este derecho para menores a partir de los 12 años; Jalisco, sin embargo, sigue limitando el trámite a personas mayores de 18 años. La iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco propone un proceso en el que los menores cuenten con la autorización de sus padres, tutores o, en caso de negativa, el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En palabras de Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la bancada de Hagamos, la propuesta no crea un nuevo derecho: “La Corte ya lo ordenó. Estamos legislando sobre el procedimiento a seguir”. Sin embargo, su avance no ha sido sencillo, pues enfrenta resistencias políticas, sociales y culturales.

La iniciativa ha evidenciado una división en el Congreso estatal. Mientras Hagamos y otros legisladores argumentan que se trata de un cumplimiento obligatorio con la SCJN, el Partido Acción Nacional (PAN) ha reiterado su rechazo. Para César Madrigal, diputado del PAN, la propuesta vulnera el papel de los padres al permitir la intervención de la Procuraduría en casos de desacuerdo.

El Frente Nacional por la Familia (FNF), conocido por su postura conservadora, ha sido un actor clave en la oposición. Su presidente, Jaime Cedillo, ha propuesto realizar foros con psicólogos y testimonios de personas, incluidos miembros de la comunidad LGBT que se oponen a la medida. Esta presión ya logró que se cancelara una sesión de la Comisión de Estudios Legislativos, donde se discutiría la propuesta, para abrir el tema a consultas públicas.

Mientras grupos conservadores cuestionan la iniciativa, expertos en salud mental y derechos humanos han defendido su importancia. El Dr. Christian Israel Huerta Solano, de la UdeG, enfatizó que negar el reconocimiento legal a las infancias trans equivale a negarles derechos fundamentales como el acceso a la educación y la salud.

“El reconocimiento desde la infancia garantiza una mejor adaptación y evita violencias futuras”, aseguró el especialista, destacando que los menores son conscientes de su identidad desde edades tempranas. También subrayó la necesidad de protocolos institucionales y acompañamiento integral para las familias trans, recordando que el apoyo temprano mejora significativamente la calidad de vida de las personas trans.

En México, el 1.2% de la población se identifica como trans, y las estadísticas son alarmantes: la esperanza de vida de una persona trans no acompañada en su transición es de aproximadamente 35 años debido a problemas como depresión y tendencias suicidas, dicen. Reconocer legalmente a las infancias trans no solo es un acto de justicia, sino una medida para mejorar su bienestar y supervivencia.

La iniciativa tiene hasta el 26 de febrero para discutirse y aprobarse, según lo establecido por el marco legal. Sin embargo, la oposición política y social podría retrasar su avance. Mientras tanto, los derechos de las infancias trans quedan en el limbo, enfrentando un entorno hostil en un estado que aún debate si acatar o no un mandato judicial que debería ser incuestionable.

En palabras del diputado Enrique Velázquez: “Los derechos no se consultan, se defienden”. La discusión en Jalisco, más allá del ámbito legal, es un reflejo de un debate nacional sobre inclusión, derechos humanos y respeto a la diversidad.