Colima, México, Avanzada (19/03/2026).- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, lanzó una advertencia directa: si no hay claridad en el manejo de las aportaciones al Instituto de Pensiones, acudirán a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia contra el alcalde, Riult Rivera.
El reclamo no es nuevo, pero sí más firme. De acuerdo con el dirigente, la tesorera municipal ha evitado responder, pese a que el sindicato le ha solicitado información en varias ocasiones. Nadie les ha explicado con precisión cómo están las cuotas y aportaciones, y eso ya empieza a pesar entre los trabajadores.
En ese contexto, el sindicato calcula que la deuda ronda los 40 millones de pesos. No es menor, subrayó León Alam, sobre todo porque —según dijo— se trata de un adeudo reciente que no debería haberse acumulado.
La falta de respuestas terminó por romper la confianza. Por eso, el sindicato puso sobre la mesa una alternativa poco común: que el dinero deje de pasar por el Ayuntamiento. La propuesta es que tanto las aportaciones de los trabajadores como las del propio gobierno municipal se depositen directamente a través de un banco, sin intermediarios.
La lógica es simple: cerrar el paso a la opacidad. Incluso, no descartan que los propios trabajadores aporten una pequeña cantidad extra para hacer viable este esquema.
Hasta ahora, los pagos de pensiones no han fallado —salvo un retraso en noviembre—, pero el líder sindical advierte que eso no es garantía de estabilidad. “Se está cubriendo lo indispensable”, vino a decir, lo que deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento el sistema se quede sin margen.
A esto se suma otro señalamiento delicado: la tesorera, acusó, ha entregado reportes incompletos y, en algunos casos, habría ignorado instrucciones del propio alcalde. Para el sindicato, se trata de una situación grave, considerando que está en juego el fondo que sostiene jubilaciones y pensiones.
León Alam también miró hacia atrás. Recordó que administraciones anteriores dejaron deudas importantes, como la de Héctor Insúa García, que superó los 120 millones de pesos. Mencionó además el caso de “Locho” Morán, en el que intentó cubrir un adeudo con un predio, asunto que sigue bajo revisión.
Con ese antecedente, insistió en que el Ayuntamiento no puede repetir la historia ni cargar con un nuevo pasivo que ponga en riesgo el sistema de pensiones.
El plazo ya está corriendo. Este jueves esperan un informe claro y una propuesta concreta de pago. Si no llega, el siguiente paso será acudir a instancias legales.
Antes de cerrar, el dirigente dejó otra advertencia: hay rumores sobre posibles nuevas sindicalizaciones sin respaldo presupuestal. De confirmarse, dijo, no solo habría irregularidades, sino un posible daño patrimonial con consecuencias para los funcionarios involucrados.