A Omar García Harfuch: Todo el poder

Colima, México, Avanzada (15/11/2024).- El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, esta decisión genera preocupación entre expertos en seguridad y derechos humanos, quienes alertan sobre posibles desventajas e impactos negativos.

Uno de los puntos más controversiales es el mayor control que tendrá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre las investigaciones criminales. La reforma permite que esta dependencia coordine la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dirija el sistema de inteligencia en seguridad. Para algunos críticos, esto podría traducirse en una excesiva centralización del poder en manos del gobierno federal, lo que aumenta el riesgo de abusos y prácticas autoritarias.

Especialistas señalan que concentrar tantas funciones en una sola entidad podría limitar la autonomía de las policías estatales y municipales, que quedarían subordinadas a las directrices del Ejecutivo Federal. Esto podría generar tensiones con los gobiernos locales, que podrían ver reducida su capacidad para implementar estrategias de seguridad ajustadas a sus contextos específicos.

Otro punto de preocupación es que la reforma amplía las facultades de investigación de la SSPC, permitiéndole solicitar información a diversas instituciones del Estado para esclarecer delitos. Algunos defensores de los derechos humanos advierten que esta medida podría derivar en violaciones a la privacidad y abuso de poder, ya que la obtención de datos sensibles podría ser utilizada indebidamente sin una adecuada supervisión judicial.

La ampliación de las tareas de investigación a la SSPC, tradicionalmente una entidad administrativa y no investigadora, podría llevar a duplicación de funciones con el Ministerio Público, encargado históricamente de esta labor. Esto puede complicar los procesos y aumentar la burocracia en las investigaciones, afectando la eficiencia y la transparencia en la resolución de los casos.

Aunque la reforma incluye menciones a la necesidad de trabajar en medidas disuasivas y preventivas, expertos critican que el enfoque sigue centrado principalmente en acciones punitivas y reactivas. La estrategia prioriza el combate directo al crimen a través de operativos y coordinación policial, en lugar de atacar las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad del tejido social.

Activistas y analistas han señalado que sin una estrategia integral que incluya programas de prevención del delito, educación y desarrollo comunitario, los esfuerzos de seguridad podrían no ser sostenibles a largo plazo. Además, advierten que una mayor inversión en herramientas de inteligencia y coordinación policial podría desplazar recursos de otras áreas sociales clave para prevenir la violencia.

La reforma también establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de un Secretariado Ejecutivo, emitirá lineamientos y estándares obligatorios para las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Esta medida ha sido vista como un intento de unificar criterios, pero también podría restringir la capacidad de los estados y municipios para diseñar e implementar sus propias políticas de seguridad.

Los gobernadores y presidentes municipales podrían perder margen de maniobra para responder a problemáticas locales, quedando sujetos a decisiones centralizadas que no siempre reflejan las realidades de cada región. Esto podría limitar la eficacia de las estrategias de seguridad adaptadas a contextos específicos y generar conflictos con la administración federal.

En conclusión, aunque el Senado busca con esta reforma mejorar la seguridad y reducir los índices de criminalidad, las posibles desventajas plantean serios desafíos. La centralización del poder, el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos, la falta de enfoque preventivo y la posible pérdida de autonomía local son aspectos que generan preocupación entre diversos sectores de la sociedad. La efectividad de estos cambios dependerá, en gran medida, de su implementación y de la capacidad de las autoridades para abordar los problemas de fondo que impulsan la violencia en el país.

*En la fotografía: el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.