Contraloría no castiga corrupción de funcionarios de primer nivel pero se ensaña contra el magisterio

Colima, México, Avanzada (12/06/2024).- En vez de avanzar en los expedientes por presuntos delitos de la función pública, así como actos de corrupción y transparentar la información, la Contraloría General se ha dedicado a perseguir a trabajadores de la educación que no han realizado la declaración patrimonial, a pesar de que en muchos casos se trata de intendentes y personal administrativo cuyo sueldo mensual no rebasa los 16 mil pesos.

Además, contraviniendo la legislación de protección de datos personales, la dependencia hizo circular listas donde se incluye el nombre de los trabajadores de la educación, su centro de trabajo y ésta información circula en distintos grupos de whatsap.

Los trabajadores de la educación que no presentaron la declaración patrimonial fueron convocados a una reunión masiva que se realizará este día en el ISENCO, “ojalá y así actuaran con los verdaderos corruptos, porque aquí no hay ningún funcionario castigado y en cambio a nosotros nos persiguen a pesar de que ellos saben cuánto ganamos porque es la Secretaría la que nos paga. Que la ley sea pareja” dijo una de las intendentes convocadas al encuentro para mañana.

Mientras que uno de los profesores que aparece en la lista sostiene que la justicia en Colima es selectiva, “se ensañan y persiguen a aquellos que ellos suponen que no pueden defenderse, los atemorizan con listas, amenazas a reuniones; los exhiben, pero ahí está el exgobernador Ignacio Peralta Sánchez que nada le han hecho y la contraloría y el propio gobierno no ha dicho nada, al contrario le han solapado”, dijo.

Trabajadores exhibidos afirman que no están en contra de presentar la declaración patrimonial, pero muchos desconocen el procedimiento para realizarla, nunca se ofertó ninguna capacitación y el trabajador debe contratar a un contador para que realice todos los trámites e incluso tramite la cita ante el SAT para solicitar la firma electrónica, “se violenta la presunción de inocencia, la ley de datos personales. Hay muchos que no la presentaron porque desconocen y otros porque no confían en el gobierno y la protección de la información o porque hemos visto cómo solapan y protegen a los funcionarios verdaderamente corruptos”, dijo otro docente.

El pasado 5 de enero, el diputado local Jesús Dueñas García denunció penalmente a la contralora Isela Uribe y al el Director de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial, por presuntos delitos cometidos en la Procuración e Impartición de Justicia, pues sostuvo que la dependencia no investigaba ni aclaraba los presuntos hechos denunciados como la crisis en el sector salud.

El 13 de agosto de 2023, el mismo legislador acusó a la contraloría de no investigar ni inhibir la corrupción al no avanzar en las pesquisas sobre el presunto desvío de recursos por parte del gobierno de Colima en la campaña presidencial interna de Morena.

Mientras que el 15 de agosto pasado, AVANZADA publicó lo siguiente, “si la Fiscalía Anticorrupción avanzan lento con las denuncias en contra del exgobernador, Ignacio Peralta Sánchez y funcionarios de la pasada administración, la Contraloría General del Estado no se queda atrás y en el año y medio de la actual administración no existe ninguna sanción en contra de servidores públicos de primer nivel”.

“La contralora, Isela Uribe Alvarado tampoco ha informado cuántas denuncias promovió la dependencia que dirige en contra del Peralta Sánchez y sus funcionarios involucrados en presuntas irregularidades. Lo anterior a pesar de que la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva declaró hace más de un año, que el responsable del desastre financiero en Colima tenía nombre y apellido y era “José Ignacio Peralta” concluye la nota periodística publicada por este rotativo.