Cabildos batean reforma de la gobernadora 

Colima, México, Avanzada (31/05/2024).- Los Ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala e Ixtlahuacán rechazaron la reforma constitucional aprobada por el Congreso local para incrementar el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

En sesiones por separado, la mayoría de los integrantes del cabildo de estos cinco municipios votaron en contra de dicha reforma, que fue promovida por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

Con las decisiones de los cabildos de los cinco municipios, prácticamente la reforma fue rechazada y no entrará en vigor, pues se necesitaba la aprobación de seis ayuntamientos para que se declarara válida y se publicara en el Periódico Oficial.

La semana pasada, cuando se presentó la reforma constitucional, los diputados de oposición argumentaron que la modificación legal le permitiría a la titular del Ejecutivo tener el control del tribunal.

La constitución local establece que todas las modificaciones deben ser aprobadas por el constituyente permanente, integrado por la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado y la mayoría de los integrantes de los cabildos.

La aprobación o reprobación de los Ayuntamientos se presentará dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley; si transcurre ese término sin que remitan la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas.

Sin embargo, entre el 29 y 30 de mayo, cinco ayuntamientos rechazaron la enmienda.

El 13 de mayo de 2017, la mayoría de los diputados locales reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia anticorrupción, y las modificaciones permitieron la creación del Tribunal de Justicia Administrativa.

En el sexenio anterior, el entonces gobernador Ignacio Peralta Sánchez negoció con los diputados del PRI y PAN los nombramientos como magistrados de Andrés Gerardo García Noriega, su asesor jurídico; Yarazeth Villalpando Valdez, cercana a la panista Julia Jiménez; y Juan Manuel Figueroa.

Siete años después de la creación de dicho Tribunal, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva colocó como magistrado a su director de gobierno, Guillermo Navarrete Zamora, y propuso una modificación constitucional para incrementar el número de magistrados, lo que le permitiría proponer a dos personas más.

Entre sus facultades, el Tribunal de Justicia tiene la responsabilidad de dirimir las controversias que surjan entre la administración pública local, municipal y los particulares. Asimismo, puede revisar e imponer sanciones por responsabilidades administrativas graves.