Colima, México, Avanzada (05/03/2024).- En una rueda de prensa, los candidatos federales respaldados por el partido Morena, pero provenientes del PVEM, MC y PT, se encontraron con una serie de cuestionamientos por parte de los medios de comunicación respecto a posibles actos de corrupción durante sus cargos anteriores.
Ante las preguntas sobre cómo solicitarían el voto ciudadano con denuncias pendientes en su contra, los abanderados enfrentaron el escrutinio público. Mientras que el candidato al senado, Virgilio Mendoza Amezcua, respondió visiblemente molesto, el postulante a diputado federal, Leoncio Morán Sánchez, prefirió guardar silencio.
Virgilio Mendoza negó su participación en cualquier actividad irregular, desafiando a los interrogadores a presentar pruebas. Por su parte, la líder estatal, Dulce Huerta, calificó las acusaciones como meras especulaciones, reiterando el respaldo total del partido hacia sus candidatos.
Se destacó la defensa de Morán Sánchez por parte de la dirigencia de Morena, resaltando su compromiso con la comunidad de Colima. En tanto, Karen Hernández Aceves recordó su oposición al endeudamiento propuesto por el gobierno estatal, argumentando una lucha en el Congreso a favor de los ciudadanos, aunque en su nueva etapa como diputada de la actual legislatura no promovió ningún juicio político en contra del exgobernador, Ignacio Peralta Sánchez y varios de sus funcionarios como sí lo hicieron sus excompañeras de partido, Claudia Aguirre Luna y Araceli García Muro..
Virgilio Mendoza Amezcua fue alcalde de Manzanillo, en un primer momento por el Pan y después por el PVEM, aunque públicamente nunca ha comulgado con los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora es candidato de Morena al senado por la alianza con el PVEM. Mientras que Leoncio Morán Sánchez enfrenta una denuncia penal por el desvío de más de 50 millones de pesos de las cuotas y retenciones de los trabajadores sindicalizados cuando fue alcalde de Colima por MC en el trienio 2018-2021.
Virgilio Mendoza es señalado por el ayuntamiento de Manzanillo por el presunto uso ilegal de una tarjeta de propiedad oficial.