Colima, México, Avanzada (05/03/2024).- La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) revisó las nóminas de los trabajadores de confianza del gobierno del Estado y solicitó información de 250 funcionarios de distintas dependencias de la administración estatal a la Comisión Nacional Bancaria, como parte de la investigación por la denuncia de Movimiento Ciudadano por la retención del 5 por ciento del salario de los empleados de la administración estatal para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum.
Aunque detectó variaciones en el pago de la nómina, sin una aparente explicación, la mayoría de los consejeros determinaron que esta indagatoria no era la adecuada porque las retenciones del 5 por ciento a los empleados, al parecer se hicieron en efectivo como una medida para no dejar rastro, por lo que pidieron a la Unidad Técnica de Fiscalización diseñar un protocolo que garantice la protección de aquellos empleados que puedan ofrecer su testimonio de manera anónima.
En el reporte de la sesión del pasado 27 de febrero en el INE, se presentaron las conclusiones de la Unidad Técnica de Fiscalización – las cuáles fueron rechazadas por sólo enfocarse a revisar los movimientos bancarios y no el esquema en efectivo- y entre la información, el consejero Martín Faz Mora destacó que al analizar la nómina de los trabajadores de confianza del 2022 y 2023 se detectaron “sin explicación aparente” variaciones en el pago a estos empleados.
Sin embargo, señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización debe profundizar en su investigación porque si bien se obtuvo la información sobre la nómina de los empleados de confianza, “no se hace un estudio particular de las mismas sin que deje de llamar mi atención el hecho de que al menos en aquellas nóminas de las personas que formaron parte de la muestra para ser entrevistadas, se observa sin aparente explicación una continua variación de los montos depositados cada quincena”.
Luego, el consejero Faz Mora señaló que respecto de la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se revisaron los estados de cuenta de 250 personas, entre funcionarios integrantes de la nómina de diversas dependencias del gobierno del estado de Colima, del periodo comprendido del mes de enero a agosto de 2023.
“De su análisis, la Unidad concluye que si bien se observaron transferencias provenientes del estado de Colima como pago nómina y retenciones de ley, compras diversas, transacciones entre personas y múltiples retiros, no se detectó actividad alguna referente a transferencias entre personas morales y algún partido político. Ambas diligencias me parecen clave para mostrar que la investigación no fue adecuada para el tipo de hechos que se denunciaban, toda vez que se trataba de descuentos realizados en efectivo, una vez que les era depositada la quincena, mientras que las indagaciones estuvieron enfocadas en transacciones financieras bancarizadas”.
Martin Faz Mora insistió que se debe garantizar a los 249 trabajadores un esquema de protección , “finalmente, quiero presentar una reflexión respecto a los cuestionarios que la Unidad intentó realizar a 249 personas trabajadoras del Estado. Sobre ese tema estimo que se debe tener una particular sensibilidad al momento de preguntar si sufrieron algún tipo de retención ilegal de su salario o si fueron intimidados para entregar un porcentaje de su sueldo en efectivo, toda vez que a diferencia de casos análogos a los que se ha enfrentado esta autoridad, ahora las personas continúan prestando sus servicios para la misma administración, lo que podría dirigir el sentido de sus respuestas o simplemente justificar su negativa a no contestar, razón por la cual la unidad debe explorar las vías jurídicas que se tengan al alcance, para garantizar algún tipo de protección o confidencialidad de los datos de las personas que ofrezcan un testimonio que les pueda significar algún tipo de prejuicio”.
Luego, recordó que este esquema que originó la denuncia de MC, en materia de fiscalización se traduce en una diversidad de posibles infracciones, como pueden ser la omisión de rechazar aportaciones e ingresos de personas físicas, militantes y/o simpatizantes mediante descuentos vía nómina de trabajadores, ingresos no reportados, aportaciones de entes prohibidos o desconocidos, o bien, aportaciones y recepción de ingresos de militantes y simpatizantes sin los requerimientos señalados en la normatividad electoral.
El proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE fue devuelto para que se profundice en la investigación, con la finalidad de documentar el financiamiento paralelo a la campaña interna de Sheinbaum, a través de aportaciones en efectivo de trabajadores de confianza del gobierno estatal.