El Supremo Tribunal de Justicia de rodillas ante la gobernadora

Estricto Derecho

Como mencionamos en este espacio, la gobernadora Indira Vizcaíno mandó publicar en el Periódico Oficial, el pasado 11 de enero, un acuerdo administrativo mediante el cual pretende evaluar a dos magistrados y dos magistradas, con la intención última de generar espacios para que los ocupen perfiles identificados con su grupo político.

Ante esta coyuntura, también dijimos que, de las cuatro magistraturas que estarán sujetas a evaluación, una de ellas solamente necesita cumplir con el trámite, porque tiene asegurada la ratificación por su cercanía con la gobernadora (la magistrada Lilia Hernández Flores); otra más es un hecho que dejará el lugar sin problemas, pero está terminando de negociar su salida y, por lo pronto, ya amarró cargos directivos en el gobierno estatal para dos de sus familiares (el magistrado René Rodríguez Alcaraz); mientras que las dos restantes tienen asegurada su próxima remoción, al formar parte del bloque que no ha aceptado someterse incondicionalmente a las órdenes que les dictan desde el Poder Ejecutivo (el magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval y la magistrada Leticia Chávez Ponce).

En ese tenor, señalábamos que, además, la magistrada Chávez Ponce y el magistrado Bravo Sandoval ya promovieron un juicio de amparo indirecto que, si bien fue admitido a trámite por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el expediente 208/2024 de su índice, no les favoreció del todo porque les negó la suspensión que solicitaron, lo que implica que la gobernadora puede seguir con la “evaluación” de su desempeño y, eventualmente, privarles de su cargo. No obstante, las magistraturas inconformes ya impugnaron la negativa de suspensión mediante un recurso de revisión, en el que piden que se revoque la decisión del juez de amparo y se impida que se les remueva de la magistratura, por lo que será el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito quien tenga la última palabra al respecto.

Paralelamente, a partir de que el mencionado acuerdo administrativo fuera emitido por la gobernadora, cinco de las diez magistraturas que conforman el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia habían estado solicitando reiteradamente al licenciado Juan Carlos Montes y Montes, magistrado presidente de dicho órgano colegiado y representante del Poder Judicial del Estado, que institucionalmente se promoviera una controversia constitucional en contra de la gobernadora, demandando la invalidez del acuerdo.

En esta circunstancia, era más que evidente que el presidente del Supremo Tribunal estaba legal y moralmente obligado a defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial local y, por ende, del Supremo Tribunal y de sus integrantes, por lo que debía presentar la controversia constitucional; sin embargo, en todo momento evadió la posibilidad de hacerlo, ya que ni siquiera citaba a sus pares a que celebraran sesión ordinaria, hasta que se vio obligado a convocar a sesión extraordinaria el pasado 21 de febrero, a las catorce horas con treinta minutos, ya en el límite del plazo para la presentación de la controversia.

En la referida sesión extraordinaria, como ha venido ocurriendo en fechas recientes, el Pleno del Supremo Tribunal se dividió, votando cinco magistraturas a favor de que se impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo emitido por la titular del Ejecutivo, mientras que cinco votaron en contra de hacerlo, entre ellas el magistrado presidente. Ante este escenario, fue necesario que el presidente recurriera a su voto de calidad para romper el empate al reiterar, en un segundo momento, que estaba en contra de la solicitud realizada por las cinco magistraturas que terminaron perdiendo la votación.

¿Por qué Juan Carlos Montes votó dos veces en contra de defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué no se opuso a un acuerdo viciado de subjetividad, discrecionalidad y opacidad? Las razones son varias. La más importante, su incomprensible sometimiento ante Indira Vizcaíno. El magistrado presidente aún recuerda que llegó al cargo porque así lo pidió la gobernadora y, en muestra de su gratitud, impidió que el acuerdo emitido por ella fuera impugnado. Empero, olvida que, como su representante, se debe al Poder Judicial local, y en ninguna circunstancia es válido que se subordine a otro poder estatal, y menos que pretenda subordinar a la institución.

En segundo término, sabe que su presidencia vence en noviembre próximo y, como anhela repetir en dicho cargo, calcula que, en la medida que obedezca los dictados de Indira, ésta le conseguirá los votos que necesita para reelegirse. De nuevo, olvidó que la gobernadora no vota para elegir presidente del tribunal, y que quienes sí lo hacen son las magistraturas. Sin embargo, la sumisión que evidenció al negarse en dos ocasiones a defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial local ya le garantizó perder el apoyo de cinco de sus compañeros que forman el pleno del tribunal.

Peor aún, Juan Carlos Montes olvida que Indira nunca lo ha considerado parte de ‘su equipo’ y que, como también dijimos en este espacio, la gobernadora quiere como presidente del Supremo Tribunal a Roberto Rubio, su consejero jurídico y, en caso de que éste no pudiera, la segunda opción es la magistrada Lilia Hernández, sin valorar siquiera la posibilidad de una reelección. También olvidó que, como presidente de un órgano colegiado, su deber es construir mayorías, no forzarlas; y que es más sencillo hacer mayoría con cinco que con cuatro.

Entonces, de nada le ha servido al magistrado presidente tanta abyección. Por más que se ha hincado ante la gobernadora, ella sigue viéndolo como un empleado más a su servicio, que hasta ahora le ha sido útil, convertido en una versión tropicalizada del exministro Arturo Zaldívar, quien fue el recadero del presidente López Obrador cuando encabezaba la Suprema Corte.

A final de cuentas, será bueno que una persona diferente ocupe la presidencia del Supremo Tribunal, porque la improbable reelección de Juan Carlos Montes solo tendría como consecuencia que, por dos años más, continuaran la intromisión, la dependencia y la subordinación que hasta ahora han prevalecido. En resumen, el Poder Judicial estatal seguiría de rodillas, como hasta ahora, porque no estamos frente a un hecho aislado. Basta un ejemplo: ¿qué ha hecho el magistrado Montes ante la asfixia presupuestal que la gobernadora le ha recetado al Poder Judicial? Nada, solo recoger las migajas.

Habrá que estar pendientes de lo que resuelva el Tribunal Colegiado de este circuito en relación con este tema porque, más allá de las filias o fobias que puedan despertar en el foro la magistrada y el magistrado que se ampararon, lo que no se puede permitir es que se convalide la grave vulneración a la división de poderes. Es cuánto.

OTROSÍ 1: Ya impugnó Arnoldo Vizcaíno la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que lo sancionó por haberse acreditado que ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Griselda Martínez Martínez, presidenta municipal de Manzanillo. El papá de la gobernadora necesita revertir esta decisión porque, de lo contrario, no podrá ser diputado plurinominal de Morena en la próxima legislatura del Congreso del Estado.

OTROSÍ 2: El Instituto Electoral del Estado le complicó la postulación a Margarita Moreno como presidenta municipal de Colima, ahora por Movimiento Ciudadano. No bastará haber presentado su supuesta renuncia al PRI, también será necesario que no haya realizado actos intrapartidistas de los cuales se desprenda su voluntad de continuar formando parte del partido. De acreditarse que siguió militando activamente en el PRI, la renuncia no surtiría efectos y, en consecuencia, no podrá ser candidata a la reelección.

OTROSÍ 3: Por su parte, en un gesto de generosidad política, el todavía priista Carlos Arturo Noriega García, por razones estrictamente personales, solicitó licencia al cargo del diputado local que hasta la fecha viene ejerciendo. ¿Esas razones tendrán relación con las denuncias penales y los juicios políticos que aún siguen en trámite?