Colima, México, Avanzada (30/04/2019).- La Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados acusó al Gobierno de haberles robado sus aportaciones al Instituto de Pensiones, “y ahora nos pretenden robar parte de los derechos adquiridos para nuestra jubilación”.
A través de una inserción pagada publicada en medios de comunicación, los dirigentes de los sindicatos municipales de Tecomán, Villa de Álvarez, Colima, Comala, Manzanillo, señalaron que están cansados, “de ser saqueados por Gobiernos Estatales, Municipales y Organismos Descentralizados sinvergüenzas y corruptos que disponen de nuestras prestaciones y retenciones sin que exista en nuestra entidad ninguna autoridad que ponga fin a estos latrocinios”.
El documento expone que los líderes sindicales están luchando porque la reforma a la Ley de Pensiones –aprobada por el Congreso del Estado el pasado 28 de septiembre- se perfeccione. “Hemos encontrado oídos sordos de parte de las autoridades correspondientes, ya que es una ley a modo a favor del gobernante en turno, que no tiene sustentabilidad económica, ni financiera y que fue una trampa de gobierno contra los trabajadores, (porque) quita la responsabilidad social (que el gobierno) tiene con los trabajadores”.
Los líderes sindicales de 5 de los 10 Ayuntamientos de la entidad señalaron que en protesta por la Ley de Pensiones y Jubilaciones impulsada por el gobierno del Estado, y la cual entró en vigor el pasado primero de enero, “no participaremos en la marcha obrera” de este primero de mayo.
“No seremos comparsas de un evento que solo es para el lucimiento de personas que en nada coadyuvan a las justas causas de los trabajadores. Nos negamos a ser parte de una simulación anual”. Entre los firmantes se encuentran, Audelino Flores Jurado, María teresa Ramírez Guzmán, Arturo León Alam, Irma González Pedraza y Joel Salgado Acosta.
Cabe recordar que el pasado 26 de octubre, el OSAFIG reveló que hasta el 31 de diciembre de 2016, el gobierno del Estado adeuda a la entonces dirección de Pensiones, 653 millones de pesos¸ mientras que los 10 Ayuntamientos deben 170 millones de pesos, y los organismos descentralizados, 24 millones 492 mil pesos.
Aunque la auditoría que realizó el OSAFIF a la dirección de Pensiones expone una serie de irregularidades, hasta el momento no existe ninguna investigación en curso para castigar a los posibles responsables de no haber depositado las cuotas de los trabajadores a la Dirección que se encargaba de pagar las pensiones y jubilaciones de la burocracia estatal y municipal.