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COLIMA

Programan a una mujer para hemodiálisis… ¡en cuatro meses!

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Colima, México, Avanzada (27/10/2023).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió una medida cautelar exigiendo a la Secretaría de Salud del estado garantizar el servicio de hemodiálisis a una mujer de la tercera edad, después de que se le negara este servicio en un hospital público. La medida fue emitida el pasado 19 de octubre y hasta la fecha, la Secretaría de Salud no ha respondido a esta solicitud.

Este incidente se suma a un caso anterior en el que una niña falleció después de que se suspendieran sus hemodiálisis. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien tiene un posgrado en Derechos Humanos, ha permanecido en silencio frente a estas denuncias.

La situación que ha llevado a la emisión de esta medida cautelar, registrada bajo el expediente CDHEC/1V/658/2023, comenzó en septiembre, cuando a una mujer adulta mayor con una enfermedad crónica le suspendieron las hemodiálisis en el Hospital Regional Universitario. Posteriormente, la paciente fue colocada en una lista de espera en el Centro Estatal de Hemodiálisis, con cuarenta personas antes que ella, lo que significaba una espera de cuatro meses para continuar su tratamiento vital.

Además, la familia de la paciente, que cuenta con recursos económicos limitados, se encontró con la imposibilidad de costear las sesiones de hemodiálisis en una clínica privada, donde el costo era de mil 650 pesos por sesión, necesitando dos por semana. Ante esta grave situación, el denunciante solicitó la intervención de la CDHEC, que emitió la medida cautelar en la que exige a la Secretaría de Salud que garantice el servicio a la paciente, incluso si debe asumir los costos en clínicas privadas.

La CDHEC enfatiza que las autoridades involucradas están obligadas a proporcionar las sesiones de hemodiálisis necesarias para la paciente, de acuerdo con su diagnóstico, para preservar su salud y su vida. Esto se sustenta en el Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y otros insumos para personas sin seguridad social, como lo establece la Ley General de Salud.

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