Fiscalía Anticorrupción “congela” denuncia penal por la simulación de la compra de la Zona Militar

Colima, México, Avanzada (11/05/2023).- Desde mayo de 2020, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción  en contra del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez por las irregularidades financieras detectadas en la adquisición de la zona militar.

Sin embargo, a tres años del hecho, la denuncia prácticamente permanece en el olvido, a pesar de que el OSAFIG concluyó que el gobierno de Peralta utilizó el crédito de 410 millones de pesos – 200 millones se usarían para la compra de la Zona Militar- para otro fin que el autorizado por el Congreso.

El 6 de mayo de 2019, AVANZADA reveló que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez simuló la compra de los terrenos de la XX Zona Militar en la avenida Calzada Galván y para lo cual pidió un préstamo bancario que están pagando los colimenses, pero en realidad dichos terrenos fueron donados por el gobierno federal al gobierno de Colima, como consta en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2018.

Desde el 2019, cuando AVANZADA reveló la simulación y en el 2020, cuando el OSAFIG denunció las irregularidades, nada ha pasado para responsabilizar a los funcionarios involucrados. La simulación de la compra de la zona militar permanece en la impunidad, en gran medida por el círculo de complicidades que el exmandatario colimense encontró en la legislatura pasada -en donde el PRI ya no tenía la mayoría y era Morena quien controlaba el Poder Legislativo.

También, el exmandatario encontró respaldo en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues el fiscal que renunció en diciembre de 2021 era allegado al exmandatario-  en el Sistema Anticorrupción –el cual no se pronunció por el tema ni inició una investigación ese año ni el siguiente-, y en los círculos del poder donde se encontraban y encuentran aliados del exmandatario colimense, aunque pertenezcan a partidos políticos distintos.

En 2019 y cinco meses después de la publicación hecha por AVANZADA y tras una intensa campaña de comunicación social, orquestada desde el gobierno del Estado para desvirtuar el trabajo periodístico, el OSAFIG confirmó la irregularidad. En el informe de resultados de la auditoría correspondiente al ejercicio de 2018, el órgano fiscalizador determinó que el gobierno violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna local y la Ley de Disciplina Financiera, porque le dio otro destino del autorizado por el Congreso a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.