La Universidad de Colima en la Encrucijada

Escrito por: Manuel Salvador González Villa

(Segunda de tres partes)

No fue para menos la nada ingenua  presencia de la elite universitaria de ese día 15 derivada del hecho de que el partido morena tiene hoy el poder  Ejecutivo y el Congreso de la Unión a su favor, significando esencialmente ello: a). Que por primera vez en la historia de la U de C la correlación de fuerzas políticas federal no le es favorable; b). Que la nueva política federal educativa sea traducible en una eventual y real auditoría universitaria lo cual y en sí mismo es motivo de preocupación para las autoridades de la U de C; c). Que tal auditoría en última instancia conlleva el conocer no sólo las tripas de la administración y uso de los ingresos públicos manejados por la U de C. y desde luego impensable hasta hace poco sobre todo por lo que dicha nómina incluido el FOSAP esconde y oculta bajo la cobija de la autonomía universitaria.   

Y es que, en la U de C nadie desconoce que desde la década de los ochenta se ha regido por  los principios de la opacidad, la discrecionalidad y la poca trasparencia en el manejo de los recursos públicos por cuenta de los rectores en turno, lo cual y en contrasentido el presidente AMLO tiene como objetivo público combatir a fondo a lo largo y ancho del país donde se manejen recursos públicos federales.

Al aludir al caso del  actual rector de la U de C José Eduardo Hernández Nava destacar que: 

1). La denominada “estafa maestra”, que es como se conoce al desvío de recursos de dependencias federales mediante la triangulación de contratos asignados a empresas fantasmas, o sin experiencia para realizar los trabajos que le fueron asignados. Al respecto aludo al convenio U de C-ISSSTE, donde nuestra institución que no cuenta con la experiencia extrañamente vendió un programa de software cotizado en mil millones de pesos aproximadamente. Se presume que la U de C por dicho convenio ingresó 150 millones a sus arcas, sin que hasta la fecha Hernández Nava se haya pronunciado al respecto, y cuando se requirió su trasparencia pública la U de C se protegió bajo el candado jurídico de la denominada cláusula de “confidencialidad”.   

Como señalan los especialistas ante este tema: el artículo primero de la Ley de Adquisiciones autoriza a las instituciones públicas a darse contratos entre sí con el fin de evitar las licitaciones y bajo el cual ampararon la contratación de instituciones de educación superior para el desarrollo de instrumentos inexistentes. Hoy se sabe que todos esos entregables eran preparados por las dependencias federales para permitir el pago y simular administrativamente la prestación de un servicio por parte de las universidades.

2). El asunto del FOSAP de la U de C, dinero cuyo diseño y  monto inicial se remontan hasta el periodo rectoral del ya fallecido Humberto Silva Ochoa, y que el propio Hernández Nava al inicio de su etapa rectoral se comprometió públicamente a aclarar aunque hasta la fecha continua sin transparentarse –montos, ingresos y egresos quincenales, beneficiarios, etc.-.  Está claro en este asunto como en otros más, que la letra legal no significa obligatoriamente su cumplimiento práctico. Si el Rector Hernández Nava fuera más transparente ya hubiera dado un gran paso ejemplar al respecto ganándose el respeto universitario a toda ley  pero a dos años de dejar de ser Rector no parece tener la voluntad de hacerlo. 

3). El caso del Dr. Sergio H. Elenes Zepeda investigador de tiempo completo del área de biomédicas de la U de C y quien fue despedido ilegalmente por sus escritos y críticas en materia del FOSAP junto con otros universitarios más. Y es que, en el seno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el Dr. Sergio Elenes negoció el desistir de su inconformidad laboral con la U de C a cambio de  aceptar de ésta la oferta de $780 mil pesos, recibiendo así un cheque a nombre de la U de C por la cantidad de $350 mil pesos, y el resto del dinero por un monto de $430 mil pesos en efectivo –varios paquetes de billetes nuevos-  firmando de conformidad en una hoja simple sin sello ni membrete oficial universitario.  

De lo anterior se desprende que la solución jurídico-laboral ofrecida por  la U de C al Dr. Sergio Elenes permite demostrar con claridad que el uso y manejo del dinero universitario es discrecional, y que el universitario de a pie sencillamente lo desconoce: ¿a cuánto asciende, quienes lo reciben,  y donde y para qué es usado dicho dinero  anualmente?, sólo el rector y los de su confianzas lo saben.      

4). En el último Informe rectoral de Hernández Nava dado el 15 de diciembre de 2018 omitió dar cuenta del  estado financiero y pagos de la U de C a dependencias federales como el  INFONAVIT; IMSS; FONACOT; y el SAT., y por supuesto la glosa universitaria instituida para dar respuesta oficial a dicho informe dicha omisión tuvo relevancia. 

5). La U de C presentó un amparo a través del Abogado General de la U de C Elías Flores respecto de los pagos y actualizaciones por concepto de seguridad del trabajo universitario.