EDITORIAL. Según el fiscal, las víctimas tienen la culpa

En sus recientes declaraciones ofrecidas en una entrevista con varios medios de comunicación, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Bryant Alejandro García Ramírez, prácticamente culpó al médico Iván Jacinto Cortés de haber sido desaparecido y asesinado.

Con la afirmación que hizo el funcionario en el sentido de que el profesionista tenía un patrón de que no analizaba correctamente los riesgos y esto ponía en riesgo su integridad, lo que está haciendo el fiscal es descargando la responsabilidad de los hechos en la propia víctima, tal vez tratando de lavarse las manos como servidor público.

Sin embargo, Bryant Alejandro García reveló información muy sensible que también revictimiza al médico, como el hecho de dar a conocer su orientación sexual, y sugerir que andaba en brechas y moteles, además de comentar que de las dos líneas de investigación hay una que apunta a que el móvil del asesinato fue pasional.

No es nueva la práctica de la FGE de revictimizar a las personas asesinadas o desaparecidas haciendo pública información sensible y confidencial con tal de desviar la atención y tratar de justificar, como si ello fuera posible, el hecho de que una persona haya sido desaparecida o asesinada.

Ya en una ocasión la propia Fiscalía emitió un comunicado en el que dio a conocer que un joven víctima de desaparición era adicto a las drogas, que había estado internado en albergue y que algunos de sus amigos habían sido asesinados antes.

En este último caso, el del médico desaparecido y asesinado, una simple revisión de lo que dijo el fiscal podría hacer llegar a la conclusión de que violó las leyes en más de una manera, pues no sólo lastimó la imagen de una víctima, sino que también reveló información que forma parte de una carpeta de investigación, que por ley es confidencial, dado que violar la secrecía de la investigación puede poner en riesgo la procuración y la impartición de la justicia.

Es notorio cómo las autoridades de procuración de justicia, en este caso la fiscalía, manejan de manera discrecional la información, pues en los casos donde no les conviene dar a conocer información sobre algún asunto de inmediato recurren al argumento de que forma parte de la carpeta de investigación para negarla, pero cuando desean deslindarse de responsabilidades no les importa difundir datos que en otras circunstancias no harían públicos.

Será interesante observar si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) se decide a realizar un pronunciamiento público frente a este claro acto de violación de los derechos humanos de una víctima y de su familia. También sería lógico esperar una postura pública del Infocol, porque si bien actúa ante denuncias o recursos interpuestos por la ciudadanía, también podría hacerlo de oficio, igual que el ombudsperson.