Quemar la casa

Columna

El puercoespín  

La iniciativa fallida

El ministro Luis María Aguilar Morales retiró el proyecto donde proponía “inaplicar” el artículo 19 de la Constitución para invalidar la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), luego de reconocer que la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó durante la semana su oposición a aprobar esta decisión.

La verdad es que hubo una fuerte oposición pública y del Ejecutivo federal que evitaron invalidar la PPO por parte de la Suprema Corte. Y la mayoría de los ciudadanos vimos en esa iniciativa, no otra cosa, que abrirle la puerta a miles de delincuentes ligados al crimen organizado, es decir, a la sociedad política. 

Por otro lado la oposición ahora se rasga las vestiduras y está luchando para nulificar a la Guardia Nacional bajo el argumento que se está militarizando el territorio nacional.

Hasta 2016 solo existían nueve delitos por los que se podía aplicar la Prisión Preventiva Oficiosa, para 2019, ya con Morena en el poder, los delitos graves fueron ampliados hasta 18 donde se incluyen los delitos contra la corrupción que son: uso de programas sociales con fines electorales; corrupción: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de la función pública; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíficos o petroquímicos. 

Como lo señale al principio la intención de la derecha corrupta y conservadora, en su último  baluarte, la Suprema Corte, fracasó en la intención de abrir la puerta a los narcotraficantes y financiadores y aliados de los saqueadores de los bienes del Estado. El Poder Judicial en pleno al servicio del narcotráfico y de corruptos. 

La eliminación de la PPO falló y con ellos se evitó abrirles la puerta a todos los rateros ahora bajo proceso.

La sospecha

Un tribunal federal le concedió el amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y ordenó dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso Odebrecht.

La sentencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, no implica la inmediata libertad del ex servidor público.

Explicó que el amparo es para el efecto de que se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento en cualquier sentido

También debe valorar lo expuesto por la defensa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Emilio Lozoya podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían evadir la justicia.

Curiosamente, le otorgan este amparo de revisión a Lozoya justamente cuando la Suprema Corté estaba discutiendo la prisión preventiva oficiosa. El plan era perfecto la magistrada otorga este amparo de revisión y coincidencia con la eliminación de la PPO; luego entonces, pondría también en tela de juicio la prisión preventiva justifica y automáticamente tendrían elementos para liberar a Emilio Lozoya.

El plan era perfecto liberar a Emilio Lozoya hubiera significado imponerle una derrota mediática  y jurídica al actual gobierno. Exhibiéndole como incompetente y como aliado de los criminales, cuando son ellos los partidarios de abrirles la puerta a sus cómplices del crimen organizado y el narcotráfico y de los funcionarios que saquearon las empresas estatales; sin embargo la presión ejercida contra el Poder Judicial tuvo la suficiente fuerza y la Suprema Corte tuvo que dar marcha atrás, pero el crimen organizado ya demostró que tiene de su parte al Poder Judicial.

El otro flanco

Por otra parte los conservadores están impulsando una campaña para retirar a la Guardia Nacional de las calles para que el país arda y; luego entonces, argumentar ingobernabilidad y asumir el poder. Sin embargo los gobernadores que quedan de Va por México son pocos y ninguno ha pedido el retiro de la Guardia Nacional ni ha cuestionado su militarización, sino todo lo contrario, la requieren y la ponderan muy bien.

Quienes apoyaron la guerra contra el narcotráfico en el periodo de Calderón y sacaron a las calles al Ejército –por cierto sin base legal– hoy se quejan de la militarización del territorio nacional. Son hipócritas, pues quieren retirar a la Guardia Nacional porque precisamente ésta está dando resultados, y ellos lo saben, retirar la Guardia Nacional significaría dejar el país en las manos de los criminales. Todos sabemos que las policías municipales y estatales están altamente penetradas por el narcotráfico.

La derecha quiere incendiar el país, pero no cuentan con base social para hacerlo. Sus manifestaciones contra la militarización son inexistentes. Su queja de militarización del país es falsa e hipócrita porque sacaron al Ejército ilegalmente y hoy lo quieren en los cuarteles porque está dando resultados. Son una caricatura y cada día se empeñan en hacer de ésta un ente más grotesco.

Y todavía más, su coalición política se está desgranando porque sus vociferaciones carecen de sustento de la realidad y carecen de apoyo social.

La derecha cada día se obstina en demostrar que está moralmente derrotada y cada día más fuera de la realidad y con una única intención incendiar a México para luego tomar el poder y pacificarlo, según ellos.

Los corruptos siguen muy activos y su base social, afortunadamente, solo se localiza en las redes insultando y mintiendo, pero son incapaces de salir a la calle porque saben que sus posturas son falsas e hipócritras, el país que ellos defienden solo está en su imaginario mental, valga la redundancia.

La derecha está completamente fuera de la realidad y quiere quemar la casa.