Griselda Martínez enfrenta nuevo proceso administrativo; juicio penal está detenido

Colima, México, Avanzada (29/08/2026).- La expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, aseguró que el proceso penal iniciado en su contra por el presunto pago de un «bono millonario» a trabajadores de su administración se encuentra actualmente suspendido y detenido, mientras que, afirmó, fue iniciado un nuevo procedimiento administrativo relacionado con los mismos hechos.

Martínez Martínez rechazó que los recursos cuestionados correspondieran a un bono millonario y sostuvo que se trató de un derecho de subsistencia otorgado a más de 400 trabajadores que laboraron durante su administración.

«Ese proceso penal está suspendido, está entrampado, está parado», declaró la exalcaldesa, quien señaló que no podía abundar en detalles sobre el procedimiento.

Ante esta situación, aseguró que fue iniciado otro proceso, ahora en la vía administrativa, con el objetivo de atribuirle responsabilidad por los mismos hechos y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

La exfuncionaria explicó que el lunes de esta semana acudió a las instalaciones del Ayuntamiento de Manzanillo, específicamente a la Dirección de Contraloría, para atender un citatorio relacionado con el nuevo procedimiento.

Sin embargo, relató que la audiencia tuvo que ser diferida debido a que no contaba con un abogado que la representara y la autoridad tampoco tenía disponible un abogado de oficio para asignarle.

Indicó que la diligencia fue reprogramada inicialmente para el jueves; no obstante, antes de esa fecha personal de la Contraloría volvió a notificarle que la audiencia sería aplazada nuevamente, debido a que continuaban sin contar con un defensor de oficio.

Por ello, señaló, el procedimiento fue diferido para los primeros días de septiembre.

Martínez Martínez afirmó que atenderá el nuevo proceso y continuará con su defensa, aunque sostuvo que las acciones emprendidas en su contra obedecen a intereses políticos.

Acusó que existe una estrategia para perjudicarla y evitar que pueda participar en el próximo proceso electoral, al tiempo que rechazó la acusación de haberse apropiado de 35 millones de pesos.

“Es una afirmación totalmente falsa”, sostuvo al referirse al señalamiento sobre el presunto desvío de recursos.

La expresidenta municipal también cuestionó la independencia de los poderes y afirmó que quienes integran el Ejecutivo mantienen control e influencia sobre los tribunales, lo que, a su juicio, impide una verdadera separación de poderes y coloca en una situación de indefensión a ciudadanos que enfrentan procesos promovidos desde grupos políticos en el poder.

Finalmente, aseguró que continuará informando a la población sobre el desarrollo del nuevo procedimiento y reiteró que se defenderá de las acusaciones en su contra.