Colima, México, Avanzada (21/01/2019).- Leticia Maldonado reconstruyó los sucesos de la noche del 21 de enero de 2003 por los relatos de sus familiares; era una pequeña niña de 2 años cuando la casa en la que vivía se vino abajo por el sismo y una de las bardas aplastó a su abuela y a su madre.
Afuera de la vivienda que se volvió a fincar en la calle Filomeno Medina en la capital de Colima, la joven cuenta que su madre fue rescatada viva por un tío, pero su abuela murió en el lugar porque una de las bardas prácticamente la sepultó.
A 16 años del hecho, la joven madre de familia señala que uno de sus principales temores son los sismos y explica que lo primero que haría, en caso de que sucediera uno, es correr a la calle para evitar lo que le sucedió a su abuela y a su mamá el 21 de enero de 2003.
Leticia no ha participado en ningún simulacro después de que terminó sus estudios y desconoce si la casa en la que vive se encuentra reforzada para resistir terremotos de cierta magnitud. La situación en la que se encuentra Leticia, prácticamente es la misma en la mayoría de los hogares del Estado.
El profesor investigador de la Universidad de Colima en riesgos y desastres, Raymundo Padilla Lozoya explicó que en el estado, en materia de Protección Civil “hay mucho discurso” por parte de las autoridades, pero pocos hechos que permitan constar avances en el tema.
Indicó que la entidad no cuenta con un reglamento que regule la Ley de Protección Civil estatal aprobada desde 1986, “por lo tanto, las decisiones las toma el encargado de la Dirección o del Sistema Estatal como considere conveniente”.
Refirió que en la misma situación se encuentran la mayoría de los municipios, “o en aquellos donde existe reglamento municipal de Protección Civil, éste se encuentra obsoleto, como en el caso de Colima capital, el cual data del 2012 y no ha tenido actualizaciones”.
Padilla Lozoya afirmó que las autoridades desatienden el tema de protección Civil, no les otorgan el suficiente presupuesto, o nombran al personal a través de compadrazgos.
“A veces se lucra con el puesto, por ejemplo, si hacen el dictamen de algo, cobran; si autorizan el permiso para un bar o un restaurante, cobran, y en ocasiones ese dinero no lo reportan a los Ayuntamientos”.
Manifestó que los alcaldes tendrían que documentarse en el tema para observar cómo se aplica la Protección Civil en sus municipios y realizar los ajustes pertinentes, “porque todas las deficiencias anteriores, generan condiciones de vulnerabilidad.
Cuando se presenta un sismo intenso, colapsan las viviendas y es cuando aparece que no había reglamentos, que no se revisó, etcétera, pero el daño ya está hecho”. Esbozó que en el caso del Estado, la Protección Civil gubernamental ha sido desatendida por todas las autoridades de los últimos cuatro sexenios “es mucho lo que se dice discursivamente, se menciona lo que se ha avanzado, pero cuando sometemos ese avance a indicadores específicos, nos damos cuenta que hay un retroceso”.
EL PERSONAL NO SABE CÓMO PREVENIR
Explicó que el personal de protección Civil municipal carece de la capacitación adecuada para atender cada uno de los tipos de siniestros que se pueden presentar, además, la mayoría del personal tiene formación para atender emergencias, pero no para prevenir y desarrollar programas preventivos de corta, mediana y larga escala. “Es decir, ellos son reactivos en lugar de ser preventivos. Lo poco que se preparan es para apoyar a una persona que se está infartando, o que se accidentó en un automóvil, eso es lo que hacen, pero no trabajo preventivo en materia de protección civil y eso es lo que se debe fortalecer”.
El especialista en riesgos y desastres dijo que las organizaciones internacionales y nacionales como la ONU o el CENAPRED enfatizaron sobre la importancia de fortalecer la prevención a través de estrategias claras. “Sin embargo si revisamos el Plan Estatal de Desarrollo que planteó el gobernador actual, nos damos cuenta que no hay un trabajo enfocado para Protección Civil que sea notable; ahí dicen que harán una serie de acciones, pero nunca las ves por ningún lado; no están enlistadas en la página de internet, no les puedes dar seguimiento a lo que se realizó o no, se desconoce el presupuesto para esas metas”.
Consideró que esos son indicadores claves para entender cómo se maneja la Protección Civil en el estado de Colima, “además debemos caracterizar el nepotismo que es lo que está sucediendo”. El profesor investigador puntualizó que en Protección Civil en Colima existe una red de compadres, familiares y amigos que han conformado una especie de clan, “ellos mismos se protegen, se cuidan y se pasan los puestos unos a otros. No tenemos la incorporación de cuadros especializados en la materia, por lo tanto se está desarrollando lo mismo que hace 16 años”.
Recordó que en el 2003, cuando se registró el sismo del 21 de enero, el director de Protección Civil en el estado era Melchor Ursús Quiroz, “ahora él preside la junta de Gobierno de Protección Civil estatal, y han tenido muchísimo tiempo para realizar cambios en la materia, pero no los han hecho porque no saben hacer prevención”.
Más adelante dijo que a nivel nacional y local se debe implementar el modelo de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, “afortunadamente a nivel nacional hay cambios de personal especializado y eso nos alienta a creer que va a repercutir en las unidades estatales y municipales y se va a beneficiar a la población”.
El profesor investigador sentenció que se debe trabajar con rapidez en el tema, porque en cualquier momento se podría presentar un sismo como el ocurrido el 21 de enero de 2003 o incluso peor.
El sismo del 21 de enero de 2003 dejó un saldo de 21 víctimas mortales, 400 heridos y más de 25 mil viviendas afectadas y daños en la infraestructura pública, por un monto superior a los mil millones de pesos.