Violencia e impunidad, pruebas del fracaso de estrategias gubernamentales 

Colima, México, Avanzada (28/01/2022).- A pesar de los recursos económicos, materiales y humanos que se han dedicado en los últimos años al combate a la inseguridad y la violencia, la realidad muestra el fracaso de la estrategia (si es que la hay) de las autoridades en Colima y en todo el país, porque lo único que se aprecia en las propias cifras oficiales es un incremento constante y sostenido de los delitos de alto impacto y, sobre todo, la impunidad.

Lo anterior quiere decir que no sólo ha existido incapacidad o falta de voluntad de los gobernantes para impedir que los actos delictivos y violentos ocurran, sino que cuando éstos se presentan, en la gran mayoría de los casos no se esclarecen ni se aplica la ley para sancionar a los responsables.

Según un reciente estudio de la organización México Evalúa, el 94.8 por ciento de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”. Un porcentaje similar es el que prevalece en Colima.

En 2019, la impunidad se situaba en un 92.4%, por lo que el dato de 2020 indica un aumento en la impunidad. Las principales causas de la elevada impunidad en México y en Colima son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.  

De acuerdo con el informe, las fiscalías de los estados del país y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones. La Fiscalía General de la República (FGR) en 2020  inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%.

En el caso de Colima, cada agente del Ministerio Público tiene una sobrecarga de trabajo que le obliga a abrir y resolver más de 200 carpetas de investigación al año.

Por otra parte, una investigación de la organización Impunidad Cero arrojó que entre 2015 y 2019 se registró un incremento de 15% en los recursos per cápita en todo el país en combatir la impunidad (seguridad pública, procuración e impartición de justicia).

En 2019, el total de recursos erogados por todas las entidades federativas en estos tres rubros fue de $172,879 millones de pesos constantes de 2018, mientras que en 2015 fue de $144,517 millones de pesos constantes de 2018.

En 2019 se gastaron $1,366 pesos o $3.74 pesos por persona al día, y en 2015 se gastaron 1,191 pesos o 3.26 pesos por persona al día. El investigador Arturo Ramírez Verdugo, señala que si no se invierte en combate a la impunidad, no podremos tener un Estado de Derecho sólido.

Por su parte, el investigador Roberto Durán Fernández agrega que en general mayor gasto se relaciona con una mayor efectividad de procuración de justicia, esto significa que los estados que más gastan son los que tienen un impacto positivo en la procuración de justicia.

Irene Tello Arista, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero, comentó que tendemos a enfocarnos mucho en el presupuesto federal en seguridad y justicia, pero la mayoría de los delitos que suceden son del fuero común y que es fundamental voltear a los estados para poder salir del estado de impunidad en el que nos encontramos.

En el caso de Colima, ha sido evidente el derramamiento de sangre en los últimos días con una gran cantidad de homicidios en este inicio del gobierno de Indira Vizcaíno Silva, mientras que durante el sexenio de José Ignacio Peralta Sánchez se cometieron más de cuatro mil asesinatos.

Pese a lo anterior, ha sido notoriamente bajo el número de personas detenidas por homicidio en la entidad, lo que revela los altos niveles de impunidad y, sobre todo, el fracaso de la política integral de combate a la violencia y a la inseguridad.