EDITORIAL. Matanza en el Cereso, responsabilidad del gobierno

Si el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía, mayor responsabilidad tiene en el caso de los internos de los reclusorios —entre otros sectores de la población—, quienes por la razón que sea sus vidas y su bienestar se encuentran a expensas de las instituciones gubernamentales.

Por lo tanto, la muerte de nueve presos y las lesiones sufridas por otros siete, la mañana de este martes en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, son responsabilidad total del gobierno estatal, que sin lugar a dudas falló en la preservación de la vida y la integridad personal de los internos victimados.

Después de este hecho trágico que costó la vida de nueve personas, tendrían que rendir cuentas no sólo el director del Cereso o el titular de la Dirección General de Sistema Estatal Penitenciario, sino también el secretario de Seguridad Pública, la secretaria general de Gobierno y la propia gobernadora, quienes tienen en sus manos el manejo del sistema penitenciario de la entidad.

En múltiples ocasiones han brotado muestras de que no funciona el entramado carcelario de Colima y ello no ha sido motivo para que las autoridades tomen medidas de fondo para generar una limpieza. Han sido muchos y repetitivos los incidentes ocurridos en los últimos años, en los que han muerto decenas de presos en condiciones violentas, así como otros tantos han resultado heridos.

En todos los casos, las autoridades aceptaron que en el interior del Cereso había armas blancas, mientras que hoy se encontró también un arma de fuego, lo que mueve a pensar cómo es que son ingresadas al reclusorio. 

Lo que es un hecho es que las autoridades no han sido capaces y tal vez tampoco han tenido la voluntad de ejercer el control que se requiere para lograr la gobernabilidad del Cereso, situación que ya ha costado muchas vidas.

Lo menos que podría esperarse es la destitución del director general del Sistema Estatal Penitenciario, Guillermo Ramos Ramírez, un personaje totalmente improvisado que bajo ninguna circunstancia cumple el perfil requerido para ese puesto, igual que muchos otros funcionarios colocados como resultado de un mero capricho de la gobernadora.

Ramos Ramírez llegó a ese puesto como premio de consolación luego de haber perdido la elección de alcalde de Comala por Morena y en realidad debió haber fungido como regidor de ese municipio. Se trata de uno de los “prianistas” encumbrados por el gobierno de Indira Vizcaíno, que antes de ser impuesto en la candidatura a la Presidencia Municipal ya había sido secretario del Ayuntamiento en administraciones del PRI y del PAN, sin tener carrera ni trabajo en Morena.

Por su parte, además de destituir a Guillermo Ramos y colocar en su lugar a alguien con idoneidad para el puesto, Indira Vizcaíno debe ofrecer una amplia explicación sobre lo ocurrido en el Cereso, porque la población no tiene por qué tolerar más ineptitud de sus gobernantes, y el Congreso del Estado debe realizar una investigación seria que conduzca a castigar a todos aquellos que resulten responsables.