Colima, México, Avanzada (04/01/2018).- Durante los próximos cinco años la Fiscalía General del Estado no revelará la información sobre las personas desaparecidas en el estado, incluyendo los nombres de las víctimas, porque reservó la información.
Con esta decisión que tomó la Dirección General de Procedimientos Penales, las personas interesadas en conocer los avances de las investigaciones, los nombres de desaparecidos, fechas en las que desaparecieron y el número de víctimas, tendrán que esperar hasta el 6 de febrero de 2023, dos años después de concluir el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez.
En el portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Colima aparece que el 6 de febrero de 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado clasificó como información reservada la información sobre las personas desaparecidas por considerar que ésta contiene datos sensibles de la víctima.
La dirección General de Procedimientos Penales decidió reservar la totalidad de la información sobre los desaparecidos y para ello argumentó los artículos 122 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
El artículo 122 de la mencionada ley se refiere a que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, mientras que el artículo 124 hace referencia a las causales por las cuales una información reservada dejaría de serlo.
Familiares de las víctimas de desaparecidos se han quejado a través de diversos medios de comunicación y redes sociales sobre la lentitud con que avanzan las investigaciones para encontrar a sus familiares. Incluso, el pasado 22 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 72/2018 dirigida al Fiscal General del Estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, por dilación e irregularidades en la integración de la averiguación ministerial iniciada por la desaparición de una persona ocurrida el 19 de julio de 2013 en la Laguna de la Compuerta.
El organismo nacional acreditó que se violentaron los derechos humanos del desaparecidos, así como sus familiares y sentenció que a cinco años del hecho denunciado la autoridad continúan en la integración de la averiguación previa para esclarecer la desaparición de la persona.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas señaló que en la entidad había 593 denuncias por desaparición en el estado, hasta abril de 2018.