EDITORIAL. ¿Y los derechos humanos en la Fiscalía?

Una ciudadana denunció públicamente que su esposo fue detenido de manera ilegal por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según la mujer, los hechos ocurrieron la mañana del día 16 de noviembre, cuando el hombre salió de su domicilio para ir a trabajar y hasta el momento de realizar la denuncia no sabía dónde se encontraba ni le habían permitido verlo, por lo que ella consideró que había sido secuestrado por los propios servidores públicos y era víctima de una desaparición forzada.

De acuerdo con la mujer, fueron cuatro los agentes que participaron en la detención y uno de ellos se identificó como elemento de la FGE. Sin embargo, ninguno de ellos dio a conocer el motivo por el que se lo llevaban detenido y mucho menos mostraron algún documento, orden de aprehensión dictada por un juez o de presentación emitida por el agente del Ministerio Público. Según el testimonio, simplemente se lo llevaron por la fuerza delante de uno de sus menores hijos.

Expuso que ante la negativa de permitirle ver a su esposo, recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima (CDHEC), que envió un representante para exigir verlo y que él pudo corroborar que ahí se encontraba detenido.

En un testimonio rendido ante el portal Líneas Delgadas, la denunciante aseguró que su esposo no se encuentra implicado en ningún delito, que viven aquí en Colima desde hace más de 15 años y que viven de la compraventa de automóviles.

En respuesta, horas después la FGE emitió un comunicado de prensa en el que, contra las reglas del debido proceso, menciona el nombre completo del detenido, señala que se encuentra acusado de homicidio y argumenta que fue aprehendido “a petición de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en conformidad con el acuerdo de cooperación mutua entre los gobiernos de México y Estados Unidos, se cumplimentó la detención del imputado quien era buscado por el FBI y la Interpol”.

La corporación indicó que de acuerdo a la información que obra en su poder “esta persona privó de la vida a un hombre en el Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica, hechos ocurridos en el mes de febrero de 2002. Como consecuencia de la investigación de las autoridades de nuestro vecino país, se emitió una orden de aprehensión y se solicitó nuestra colaboración en virtud de que se obtuvo información de que el imputado se había trasladado al Estado de Colima”.

Asimismo, aseguró que durante su detención en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “tanto la esposa del detenido como quienes se acreditaron como sus abogados, pudieron accesar (sic) con el imputado y a petición expresa de la esposa, se le entregaron sus pertenencias; estas acciones están registradas en los procesos ministeriales, por lo que en todo momento se garantizó el ejercicio de los derechos que toda persona detenida tiene”.

Por lo tanto, refirió la FGE, “no tienen veracidad declaraciones emitidas que no estén apegadas a la verdad de los hechos” (sic).

Por una parte, la denunciante dice que la detención ocurrió sin orden de aprehensión, mientras que en su versión oficial la FGE señala que hay una orden de aprehensión, pero en ningún momento afirma que ésta haya sido mostrada por los agentes al detenido y en su caso a su esposa.

Evidentemente, el fondo del asunto, esto es, la inocencia o culpabilidad del detenido tendrá que ser determinada por un juez después de que se realicen las investigaciones y se le garanticen a él todos los derechos a su defensa, sea aquí o en Estados Unidos.

Lo cuestionable son los métodos utilizados por el personal de la FGE para las detenciones de las personas, si es que se confirma la denuncia de la mujer en el sentido de que no se les mostró la orden de aprehensión y de que se le mantuvo incomunicado.

Si estamos en Colima en tiempos de transformación, también debe registrarse un cambio en la actuación de las corporaciones de justicia, con un comportamiento respetuoso de los derechos humanos y sobre todo privilegiando la presunción de inocencia de los ciudadanos.