Ante el paro laboral realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva, a quienes se les adeudan diversas prestaciones y se les atrasa el pago de su sueldo quincenal, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se mostró tal cual ha sido a lo largo de su sexenio frente a los movimientos sociales: indolente e insensible.
El pasado 7 de septiembre, los representantes de los policías inconformes, Rigoberto Negrete Morfín y Elizabeth Romero Ríos, habían entregado un oficio en la Casa de Gobierno, con copia al Congreso del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual anunciaron el paro de este día en caso de que no se atendieran sus demandas.
Los agentes exigieron al gobernador Peralta Sánchez el pago de la prima vacacional, el retroactivo del aumento salarial del presente año, el pago del ajuste del calendario correspondiente a este año y que se les regrese a la modalidad 10 en su inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para gozar de todos los derechos que ello implica.
Sin recibir la respuesta solicitada, llegó la fecha y los policías se declararon en paro, con la presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) para evitar que durante la manifestación los inconformes sufrieran alguna represión.
Pasaron las horas sin que ninguna autoridad se presentara a dialogar con los elementos en paro, por lo que éstos decidieron reincorporarse a sus labores trabajando bajo protesta por el incumplimiento laboral del gobierno peraltista.
La minimización y el menosprecio de la protesta por parte del gobierno estatal se reflejó en el boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando todavía estaban los policías en paro, pues la dependencia aseguró que la Policía Estatal continuaba realizando patrullajes de prevención y vigilancia en los municipios de la entidad, luego del “paro parcial de labores sostenido por un grupo de mujeres y hombres que integran dicha corporación”.
La SSP aseguró que en las delegaciones de Tecomán y Manzanillo los elementos estatales desarrollaron sus tareas preventivas de manera normal, sin que los servicios se hayan interrumpido, mientras que en la capital son sólo algunos los que acudieron al paro; el resto realiza sus labores de forma habitual.
El gobernador, según la corporación, permanece atento a la situación que enfrentan los integrantes de la corporación, a quienes reconoció su profesionalismo, lealtad y servicio hacia la población.
“El mandatario estatal continúa realizando las gestiones pertinentes ante el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de regularizar el pago a las y los trabajadores del Gobierno del Estado, de manera prioritaria de las y los policías”.
La actitud asumida por José Ignacio Peralta ante este justo reclamo de los policías, que se han visto marginados en sus derechos, retrata de cuerpo entero al mandatario, para quien no son importantes las necesidades de las familias colimenses.
Si el gobernador saliente tuviese sensibilidad social, no habría pagado la deuda a los bancos con el dinero que tendría que destinar para el salario de los trabajadores, situación que provocó incertidumbre y zozobra en miles de familias colimenses, mientras Peralta ya sólo cuenta los días que le faltan para irse.