Escupitajo a la cara

Columna 
El puercoespín 

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del estado de Colima, determinó no emitir ningún exhorto al gobernador,  José Ignacio PeraltaSánchez, simplemente el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del estado de Colima aprobó solicitar al titular del Ejecutivo la aclaración de las dudas que planteó el Comité de Participación Ciudadana (CPC) a este comité el pasado 2 de agosto, pues no se vaya a molestar el gobernador y los corra de sus puestos. El Comité de Participación Ciudadana les pedía emitir un exhorto para que el Ejecutivo aclarara y explicara  lo siguiente:

1. Por qué los pasivos crecieron de 3 mil 830 millones de pesos (2015) hasta 6 mil 229 millones de pesos (finales de 2020) lo que representa un incremento del 62% del total de pasivos, con lo que podría inferirse que las dificultades económicasno fueron producto de la pandemia.
2. A qué corresponden 925 millones de pesos de “Otros pasivos a corto plazo” que aparecen en el estado de situación financiera del “Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública del 2021”.
3. Que diera detalles, “en datos abiertos, el destino de los 1,995 millones 519 mil 621 pesos  con 69 centavos excedentes de ingresos respecto de lo presupuestado y que se muestran en el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta Pública del 2020, Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos”.
4. Además, le pedían detallar en datos abiertos, los egresos excedentes que menciona el Ejecutivo que se generaron a causa de la pandemia del SARS-COV-2 y el origen de los recursos para cubrirlos.
5. Asimismo, le solicitaban al mandatario colimense que explicara el destino de los 510 millones de pesos contratados a corto plazo y que se encuentran en el Cuarto Informe Trimestral de las Cuentas Públicas del 2020, entre otra información.

Como puede observarse lo que demandaba el Comité de Participación Ciudadana, no era nada del otro mundo, simplemente, información que explicara el porqué la administración está naufragando y miles de familia están sin sustento ni certeza en sus finanzas ni en sus puestos laborales.

Burócratas y profesores sindicalizados están padeciendo incertidumbre por culpa de un gobierno que no está haciendo bien las cosas y los encargados de vigilar el correcto uso de los recurso públicos son quienes truncan esa posibilidad y lo que procuran es mantener la información oculta para que quien los puso, en ese puesto, no se vaya enojar con ellos. 

Qué pensarán también los cientos de empleados de confianza que están laborando por convenios semestrales, es decir, que son de confianza, de base, con salarios muy precarios y están amenazados con ser despedidos. Que si bien fueron contratados por la consigna partidista de haber apoyado, al entonces candidato, hoy, igualmente tienen obligaciones financieras y familias que mantener y no se puede ser tan inhumano con su situación de desamparo por las malas acciones políticas y de falta de probidad del Ejecutivo.

Finalmente, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, en el que participan el magistrado presidente del Poder Judicial, Bernardo Alfredo Salazar Santana; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Andrés Gerardo García Noriega;  la  auditora superior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, maestra Indira Isabel García Pérez; el contralor general del Gobierno, Jesús Alejandro Silva López; el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Héctor F. álvarez de la Paz; y el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, maestro Christian Velasco Milanés determinó no emitir el exhorto, sino formulárselo como solicitud de información.

La decisión del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción funcionó a la perfección, resultó eficaz para lo que fue diseñado, tapar las corruptelas del Ejecutivo estatal próximo a dejar su puesto.

Su decisión es un escupitajo a la cara de todos y cada uno de los burócratas y maestros que laboran para el gobierno del estado y no recibieron el pago de su quincena y su pensión, en tiempo y forma, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad de sus familias.

Su decisión, inhumana y falta de ética, es un escupitajo a todos los habitantes y ciudadanos colimenses.

Escupir a la cara de los colimenses es el deporte que el Prian decidió practicar como acto final de despedida.  

-¿Y la gobernadora electa?

-Tomándose selfis.