EDITORIAL
De nada han valido los reclamos de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de nada ha servido la Alerta de Violencia de Género emitida en junio de 2017, de nada han servido las manifestaciones que ocasionalmente se realizan para exigir justicia: las mujeres colimenses continúan siendo asesinadas, desaparecidas y sometidas a un clima de violencia creciente que no ha sido enfrentado con éxito por las autoridades responsables de garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad pública de la población.
Es verdad, como declaró recientemente el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” (CAM), que Colima se encuentra en una situación de “emergencia estatal” en lo que se refiere a la violencia contra el sector de las mujeres. Resulta escandalosa la vulnerabilidad y victimización femenina, ante la complacencia e indolencia de las instancias que deberían prevenir y sancionar los delitos.
En las últimas semanas han resonado en los oídos de la población colimense los nombres de varias mujeres jóvenes, algunas menores de edad, que han sido asesinadas: Perla Julissa, Paulina, Martha y Stephanie, así como también varios casos de mujeres trans privadas de la vida.
Sin embargo, es importante precisar que esta situación no es exclusiva de ahora, sino que desde el inicio del actual sexenio de José Ignacio Peralta Sánchez se fue creando el caldo de cultivo para el incremento de los asesinatos de mujeres, que por varios años han colocado a Colima en el primer lugar nacional con la tasa más alta por cada cien mil mujeres.
Aunado a lo anterior se encuentra el tema de la desaparición, que se ha agudizado sobre todo en el sector de las adolescentes y jóvenes, lo que ha hecho sospechar a diversos sectores la posibilidad de que atrás de las desapariciones haya una motivación de presunta trata de mujeres, situación que sin embargo no ha sido investigada por las autoridades, que ni siquiera reconocen la posibilidad de que haya ese delito.
Lo cierto es que si bien estamos ante una agudización de la violencia contra el sector femenino de la población, también es verdad que no es el único sector agraviado, pues hay más segmentos de la sociedad que han sido afectados de manera significativa no sólo en Colima, sino también en el país, como el de la diversidad sexual, el de los defensores y periodistas, así como denuncias de los delitos en general.
Lo anterior se encuentra dentro de los espacios relacionados con otros delitos. Si cada estado tuviera que observar el fenómeno desde la vida estatal, los sectores vulnerables seguirían siendo los principales afectados.
Es un hecho que la administración de Peralta Sánchez incumplió a los colimenses su compromiso de que los ciudadanos vivirían felices y seguros. A la vez, esto se traslada como un reto mayúsculo para el gobierno de Indira Vizcaíno Silva, quien tendrá ante sí un gran problema para cuya solución no existen recetas, pero sí una gran enfermedad que ha avanzado de manera incontrolada e incontrolable.
Si bien Vizcaíno Silva se cuidó de no hacer una promesa tan directa y contundente como la de Peralta Sánchez en materia de seguridad y justicia, es un hecho que no podrá eludir la realidad y será necesario que enfrente la problemática con nuevas estrategias que conduzcan hacia mejores resultados.