Colima, México, Avanzada (18/07/2018).- Sin ningún voto en contra, 22 de los 25 diputados eligieron a los tres magistrados que formarán parte del Tribunal de Justicia Administrativa a pesar de que, por lo menos dos de ellos tienen algún vínculo con el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, el PRI o el PAN.
En la sesión del pasado 16 de junio, los diputados locales eligieron a Andrés Gerardo García Noriega, Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como magistrados del Tribunal de Justicia de Administrativa (TJA) del Estado de Colima, institución que será encargada de imponer las sanciones correspondientes por las faltas graves que cometan los servidores públicos.
Los tres nuevos magistrados fueron propuestos por el gobernador y avalados por la mayoría de los diputados locales, y aunque los designados son especialistas en derecho, su nombramiento obedece más a los vínculos con el gobernador, el PRI y el PAN ya que para su elección no se realizó ninguna consulta pública, y tampoco se especificaron los criterios de selección, por lo menos éstos no se incluyeron en el comunicado oficial que emitió el Congreso del Estado el 16 de junio, y tampoco se pudo consultar el dictamen que aprobaron los legisladores debido a que no se encuentra en la página de internet del Congreso local.
Hasta antes de ser nombrado como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Andrés Gerardo García Noriega era el encargado de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Colima y antes del nombramiento que le otorgó el gobernador el 11 de febrero de 2016, se desempeñaba como representante del PVEM ante el IEE.
Mientras que Yarazhet Candelaria Villalpando es militante del PAN y se desempeñaba como asesora de la fracción legislativa de ese partido en el Congreso local; cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado y en el 2015 fue nombrada por la mayoría panista como Oficial Mayor del Congreso del Estado y el 2 de septiembre de 2016 fue removida del cargo, cuando el PAN perdió dicha mayoría.
En tanto, Juan Manuel Figueroa López se desempeñaba como asesor jurídico de la Oficial de Mayor del Congreso local, y antes fue secretario técnico del Infocol. El Tribunal de Justicia Administrativa sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Según el decreto publicado el sábado 16 de junio, el nuevo organismo mantendrá la facultad de dirimir las controversias que surjan entre las autoridades y los particulares. Pero además, tendrá la atribución de imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
También podrá fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, para subsanar los perjuicios que provoquen a la hacienda pública del estado o los municipios.
El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá los procesos promovidos por el OSAFIG, la Contraloría General del Estado, las contralorías municipales y órganos internos de control, en contra de funcionarios deshonestos.
Además podrá imponer las sanciones que les correspondan a dichos funcionarios, en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La legislación puntualiza que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Contraloría General del Estado, las contralorías de los municipios y otros órganos internos de control, para luego ser resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa.