La API en la mira de la SFP por denuncias interpuestas por constructores de Colima

Colima, México, Avanzada (08/06/2020).- Los constructores en Colima además de enfrentar una crisis económica severa desde hace varios meses, deben lidiar con las prácticas sospechosas que realiza la Administración Portuaria Integral (API) en Manzanillo para la asignación de obra.

Por ello, este mes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinará si la Administración Portuaria Integral incurrió en actos de corrupción en contra de las constructoras de Colima que participaron en diversos procesos de licitación para la ejecución de obras y fueron eliminadas de forma  sospechosa por la paraestatal que dirige, Héctor Mora.

Lo anterior fue confirmado por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos Maldonado Orozco, quien recordó que en diciembre del año pasado interpusieron las denuncia ante la ASF a cargo de Irma Eréndida Sandoval.

Indicó que la API ha tenido un comportamiento anormal al asignar obras públicas, pues lanza procesos de licitación, pero después descalifica a las empresas que participaron, para poder adjudicar la obra de manera directa a la empresa que considere y sin  ninguna explicación.

El dirigente de la CMIC sentenció que el comportamiento de la API y el propio director de la misma, Héctor Mora, fue detectado en varias licitaciones que se lanzaron el año pasado y por ello, decidieron denunciar el hecho ante la ASF y el propio Órgano Interno de Control de la API en Manzanillo.

Refirió que la ley le permite a la API asignar obras de forma directa, cuando las empresas fueron descalificadas, “entendemos que pudiera darse una vez, o dos, pero fueron más de 50 empresas locales las que fueron descalificadas por la API y eso nos parece que es un comportamiento anormal que debe revisarse”, dijo.

El dirigente de la CMIC confió en que la SFP investigue y aclare la situación que acontece dentro de la API. No es la primera vez que la API se ve envuelta en señalamientos por presuntos actos de corrupción. Durante el 2018 el entonces director de la API, Ovidio Noval fue acusado de entregar una concesión a una empresa donde aparecen los primos del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, a pesar de que ésta no cumplía con la ley. La denuncia la realizó el propio encargado del Órgano Interno de Control de la API.