Avanzada (01/06/2026).- La audiencia del general Gerardo Mérida Sánchez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York se realizó en una sesión breve de aproximadamente 15 minutos, pero dejó ver el alcance de la investigación que las autoridades estadounidenses mantienen abierta y que podría involucrar a más funcionarios.
Durante la comparecencia, la jueza encargada del caso afirmó que existe “mucha evidencia” dentro del expediente judicial, el cual no sólo incluye al exmando militar, sino también a un grupo de nueve personas acusadas dentro de la misma causa penal. Además, advirtió que los imputados han estado llegando “en olas”, una expresión que sugiere que podrían presentarse nuevas acusaciones conforme avance el proceso.
Mérida Sánchez ingresó a la sala por una puerta lateral del recinto —un acceso poco habitual en este tipo de audiencias— vestido con el uniforme beige del centro de detención de Brooklyn. Portaba esposas al frente, sujetas a una cadena alrededor de la cintura, además de grilletes en los pies.
De acuerdo con reportes de la audiencia, el general mantuvo una actitud neutral durante prácticamente toda la sesión. El procedimiento se centró en cuestiones procesales. Durante su intervención, precisó la pronunciación correcta de su nombre y respondió a los cuestionamientos de la jueza con apoyo de un traductor. Al abandonar la sala mostró una ligera sonrisa.
La siguiente audiencia fue fijada para el próximo 4 de agosto.
El caso se deriva de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de México. En la carpeta judicial, autoridades estadounidenses atribuyen al general presuntos vínculos con actividades de delincuencia organizada transnacional, particularmente por supuesta colaboración con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Entre las imputaciones que obran en el expediente figuran señalamientos por conspiración para el tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo; presunta protección institucional a operaciones del crimen organizado; así como facilitar el tránsito y envío de cargamentos ilícitos mediante el uso de redes de protección y presunto intercambio de información estratégica.
De acuerdo con la acusación, la investigación contempla testimonios, registros de comunicaciones y otros elementos probatorios que habrían sido integrados por agencias federales estadounidenses durante varios años.