Exigen investigar a funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos criminales

Sinaloa, México, Avanzada (01/05/2026).- Organizaciones civiles y ciudadanos manifestaron su preocupación ante la reciente presentación de cargos penales en Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal Dámaso Castro, señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mediante un posicionamiento fechado en Culiacán, Sinaloa, los firmantes advirtieron que más allá de las implicaciones políticas, estos hechos evidencian una problemática estructural relacionada con la debilidad de los sistemas de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en México, particularmente en el ámbito subnacional.

El documento subraya que la corrupción no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como un factor que facilita la consolidación y expansión de redes criminales, incluidas aquellas ligadas al narcotráfico. En ese sentido, alertaron que la posible colusión entre autoridades y organizaciones delictivas compromete la integridad de las instituciones públicas, distorsiona el ejercicio del poder y vulnera derechos fundamentales de la población.

Asimismo, señalaron que esta interrelación debilita la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia, erosiona la confianza ciudadana y perpetúa ciclos de violencia. Por ello, enfatizaron que el combate a la corrupción y la desarticulación de vínculos con el crimen organizado deben asumirse como una prioridad de seguridad nacional y de gobernabilidad democrática.

Las organizaciones también hicieron énfasis en la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, pero advirtieron que estos principios no deben ser utilizados como pretexto para la inacción institucional. Por el contrario, consideraron indispensable que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, con apego a la legalidad, independencia e imparcialidad.

En el posicionamiento se plantea que las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar cualquier hecho relacionado con corrupción o vínculos con el crimen organizado, garantizando además el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad mediante procesos transparentes y acceso efectivo a la información pública.

De igual forma, urgieron a fortalecer los mecanismos de control interno, auditoría y fiscalización, así como a asegurar la autonomía real de las instancias encargadas de estas funciones, con el objetivo de evitar la captura de instituciones públicas por intereses criminales.

Los firmantes consideraron preocupante que investigaciones de esta magnitud tengan origen en instancias extranjeras, lo que —señalaron— evidencia limitaciones estructurales del Estado mexicano para atender casos de corrupción de alto nivel. En este contexto, insistieron en la necesidad de instituciones capaces de actuar con autonomía, rigor técnico y voluntad política.

Finalmente, exhortaron a las autoridades competentes a analizar y resolver conforme a derecho, y a la brevedad posible, los cargos penales presentados en Estados Unidos, al tiempo que reiteraron su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia como pilares fundamentales de la democracia.