En poco más de un siglo, la participación de las mujeres en México ha cambiado de forma profunda: pasaron de enfrentar altos niveles de analfabetismo y exclusión de la vida pública a convertirse en mayoría en las universidades y alcanzar la paridad en el Congreso.
Ciudad de México, Avanzada (07/03/2026).- Durante el último siglo, la presencia de las mujeres en la educación, el trabajo y la política mexicana experimentó transformaciones significativas. A inicios del siglo XX, el país registraba altos niveles de analfabetismo femenino y una participación casi inexistente de mujeres en la vida pública. Hoy, en contraste, ellas representan más de la mitad de la matrícula en educación superior y cuentan con representación paritaria en el Poder Legislativo.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estos cambios ampliaron derechos y oportunidades, pero aún persisten brechas estructurales. Para dimensionar la evolución de la participación femenina, el organismo elaboró doce series históricas que analizan su situación en México a lo largo de las últimas diez décadas.
Entre los cambios más notorios destacan las transformaciones demográficas. Desde 1960, el promedio de hijos por mujer pasó de casi siete a menos de dos. Además, la edad para contraer matrimonio se ha pospuesto alrededor de diez años y la esperanza de vida femenina supera en seis años a la de los hombres. Estas modificaciones ampliaron las oportunidades educativas y laborales para las mujeres, aunque también plantean desafíos ante el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de cuidados.
En materia educativa, el avance ha sido notable. A principios del siglo XX, cerca del 78% de las mujeres en México era analfabeta. Actualmente, ellas representan alrededor del 53% de la matrícula universitaria. Esta expansión educativa abrió nuevas posibilidades de inserción en el mercado laboral; sin embargo, las diferencias persisten en la elección de carreras.
Las mujeres continúan concentrándose en áreas relacionadas con el cuidado, los servicios y la docencia, sectores que generalmente ofrecen menores ingresos. En contraste, los hombres predominan en disciplinas como ingenierías y ciencias computacionales, campos que mantienen una alta demanda y mejores remuneraciones en el mercado laboral.
Pese al incremento en los niveles de escolaridad, la integración de las mujeres al mercado laboral no ha avanzado al mismo ritmo. Aunque pasaron de estar prácticamente excluidas del trabajo remunerado en 1900 a representar cerca de la mitad de la fuerza laboral en la actualidad, las desigualdades persisten. Un ejemplo es la brecha salarial de género, que si bien se redujo en las últimas décadas —de 27% en 1995 a 13% en 2025—, aún refleja diferencias importantes en ingresos.
A ello se suma que las políticas de cuidado no han evolucionado al ritmo de los cambios sociales. La licencia de maternidad permanece prácticamente sin modificaciones desde 1970, cuando apenas el 18% de las mujeres participaba en el mercado laboral. Los permisos de paternidad se incorporaron apenas en la última década y continúan siendo limitados. Este desfase entre la realidad laboral y el marco institucional de cuidados dificulta la permanencia y el desarrollo profesional de muchas mujeres.
El análisis también advierte que la violencia de género sigue siendo uno de los mayores obstáculos para su autonomía. Entre 2008 y 2012, la tasa de mujeres víctimas de homicidio se duplicó. En 2021 se registró el nivel más alto, con 6.07 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Aunque en las últimas décadas se han fortalecido herramientas para visibilizar y medir la violencia —como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y la tipificación del feminicidio—, persisten altos niveles de subregistro y una elevada cifra negra.
En el ámbito político, los avances también han sido graduales. Durante más de cien años ninguna mujer ocupó un escaño en el Congreso federal. Fue hasta 1954 cuando se eligió a la primera diputada, apenas un año después de que se reconociera el derecho de las mujeres al voto. A partir de entonces, la representación femenina creció de forma sostenida, impulsada por acciones afirmativas y, posteriormente, por la reforma constitucional de 2019 conocida como “Paridad en Todo”.
Gracias a estas medidas, México pasó de tener 37% de legisladoras en 2014 a alcanzar la paridad en la LXV Legislatura (2021-2024).
Ante este panorama, el IMCO plantea una serie de propuestas para fortalecer la participación económica de las mujeres y mejorar sus condiciones laborales. Entre ellas destaca la creación de licencias parentales compartidas, con una duración cercana a 40 semanas y esquemas de reemplazo salarial de entre 60% y 70%, financiadas mediante un fondo tripartito entre el Estado, empleadores y trabajadores.
Asimismo, propone impulsar modelos de trabajo más flexibles, como esquemas híbridos u horarios escalonados, sin afectar las oportunidades de desarrollo profesional. También sugiere avanzar hacia estructuras de liderazgo basadas en resultados, con el fin de reducir la penalización laboral asociada a la maternidad y facilitar que más mujeres accedan a puestos de decisión.
El estudio concluye que, aunque México ha logrado avances históricos en materia de educación y representación política para las mujeres, el reto ahora consiste en traducir estos logros en igualdad económica y condiciones laborales más equitativas.