Pablo Lemus exige cárcel para policías que estén en la “narconómina” de El Mencho

El gobernador de Jalisco advierte que no habrá protección para ninguna autoridad municipal involucrada y pide a la Fiscalía General de la República investigar la autenticidad de la presunta nómina atribuida a “El Mencho”.

Jalisco, México, Avanzada (27/02/2026).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que cualquier policía o autoridad municipal que haya recibido recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación deberá enfrentar un proceso penal y, de acreditarse su responsabilidad, ir a prisión.

“Si en cualquier municipio algún policía o autoridad municipal recibió dinero de la delincuencia, que se le procese y que se vaya a la cárcel”, declaró el mandatario estatal al referirse a una presunta nómina atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Lemus fue enfático en que no habrá excepciones. “Caiga quien caiga. Si una autoridad municipal o policía colaboraba con la delincuencia organizada, para adentro”, sostuvo. Añadió que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si el documento es auténtico y proceder en consecuencia.

Según lo que ha trascendido, el documento contiene anotaciones manuscritas y registros elaborados en computadora donde se detalla una contabilidad interna del grupo criminal: ingresos, egresos y montos asignados a distintos integrantes y presuntos colaboradores, de acuerdo con su función dentro de la estructura.

En las listas se observan pagos que iniciarían en tres mil pesos para los llamados “halcones”, encargados de vigilar movimientos de autoridades o personas ajenas en determinadas zonas. Las cantidades aumentarían para otros niveles operativos, incluyendo a quienes realizaban actividades violentas, así como supuestos pagos a policías, autoridades municipales, e incluso menciones de militares y elementos de la Guardia Nacional.

El desglose también incluiría gastos operativos como combustibles, alimentos, cortes de cabello y apoyos para celebraciones decembrinas, lo que reflejaría —de confirmarse su veracidad— un sistema administrativo detallado dentro del grupo delictivo.

Hasta el momento, la autenticidad del documento no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades federales.