Desvíos millonarios y transferencias irregulares permanecen en la impunidad

Colima, México, Avanzada (18/02/2026).- En Colima la corrupción se evidencia, pero no se castiga y menos, cuando los desvíos de recursos son millonarios.  Desde el 2018, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) advirtió que en la extinta Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado hubo créditos que se otorgaron con recursos de los trabajadores y no se cobraron: el desfalco fue por mil 400 millones de pesos.

A pesar de los hallazgos detectados y difundidos desde el 2019, no existen avances en las investigaciones que permitan, por una parte, recuperar el dinero extraviado y por otra, frenar la impunidad que existe. Incluso, la Fiscalía encargada de combatir la corrupción en Colima ni si quiera cuenta con un presupuesto propio, por lo que anualmente depende del dinero que le asigne la Fiscalía General del Estado a cargo de Bryant Alejandro García Ramírez. 

La auditoría hecha por el OSAFIG  a la extinta dirección de Pensiones – la cual desapareció para dar paso al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos- reveló que la Dirección de Pensiones omitió registrar y cobrar créditos superiores a mil 400 millones de pesos, por lo que ese recurso no se recuperó.

Además, los auditores detectaron que no existían actas de consejo ni contratos que justificaran las erogaciones millonarias que se autorizaron con recursos de los trabajadores. Entre las observaciones se encuentra el pago de 69 millones de pesos  en hospitales; 44 millones de pesos en honorarios médicos cuando sólo se había autorizado un presupuesto de 24 millones de pesos.

Otra de las observaciones encontradas por el OSAFIG se clasificó con el apartado: F45-FS y en ella se documenta la adquisición de un reloj de escritorio por 100 mil pesos. Otra, la F47-FS, señala que se contrató una tarjeta American Express con la que se pagaron 153 mil 961 pesos sin autorización del Consejo. La F32-FS documenta tres transferencias electrónicas en 2011 por un millón 500 mil pesos a una cuenta no registrada de la Dirección de Pensiones.

Pese a todos estos hallazgos, la Auditoría solo quedó en una exposición mediática, pero a siete años de que se evidenciaron esas irregularidades no existe ningún funcionario público imputado por estos hechos. Por el contrario, este año, en lugar de emprender acciones legales para recuperar los recursos desviados, el Gobierno estatal y el sindicato de gobierno crearon un fideicomiso financiado con dinero público para cubrir el desfalco en la antigua Dirección de Pensiones.