Contra el “predialazo” en Manzanillo: proponen frenar alzas de hasta 1000% y acotarlas al 10%

Colima, México, Avanzada (18/02/2026).- La maestra Martha María Zepeda del Toro presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa de reforma para frenar lo que calificó como una política de “asfixia y despojo fiscal” derivada de la entrada en vigor de las nuevas Tablas de Valores de Suelo y Construcción 2026 en Manzanillo.

La propuesta fue entregada a los diputados Israel González Mendoza y Cristina Lupien Ventura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con el objetivo de adicionar artículos transitorios al decreto de valores y establecer mecanismos que garanticen que el impuesto predial sea “justo, proporcional y corresponsable”.

Zepeda del Toro señaló que la actualización catastral tomó como referencia valores comerciales inflados por la especulación inmobiliaria ante la ampliación del puerto, lo que —afirmó— disparó el cobro del predial en diversos sectores, particularmente en zonas rurales y agrícolas. Expuso casos en los que propietarios que pagaban cantidades simbólicas ahora enfrentan incrementos de hasta mil por ciento, pasando de pagar cientos o miles de pesos a decenas de miles.

La iniciativa plantea cuatro ejes centrales. El primero es la condicionalidad por servicios: suspender el incremento del predial en aquellas zonas donde el Ayuntamiento no acredite la prestación de al menos cuatro de seis servicios básicos —agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, seguridad y vialidades transitables—, aplicando en su lugar el valor de 2025 más inflación.

El segundo eje establece un tope máximo del 10 por ciento anual para uso habitacional y agrícola, mientras que el sector industrial y comercial cubriría el diferencial de manera gradual, en un esquema del 20 por ciento anual durante cinco años.

Como tercer punto, la propuesta advierte sobre el riesgo de “gentrificación rural”, al tasar parcelas agrícolas con valores logísticos e industriales, lo que —según la promovente— podría obligar a familias a vender sus tierras ante la imposibilidad de cubrir el nuevo impuesto.

Finalmente, se contempla el reconocimiento de servicios ambientales para comunidades como Canoas, Camotlán y El Colomo, a fin de proteger zonas consideradas estratégicas para la recarga hídrica y la conservación ambiental del municipio.

En entrevista con medios, Zepeda del Toro sostuvo que la falta de revisión técnica adecuada generó un impacto negativo tanto en sectores productivos como en las propias finanzas municipales, al registrarse —dijo— una disminución en la recaudación durante el primer mes del año. “Si la gente no puede pagar en estas condiciones, el municipio tampoco recauda”, afirmó.

Aseguró que la reforma no busca promover la evasión fiscal, sino corregir distorsiones y evitar que propietarios rurales y ejidales enfrenten cargas que calificó como desproporcionadas. También denunció presuntas presiones administrativas para forzar el pago del predial mediante inspecciones y multas vinculadas a licencias comerciales.

Por su parte, los diputados de Movimiento Ciudadano indicaron que analizarán la propuesta y buscarán llevarla al pleno del Congreso para su discusión, recordando que su bancada se abstuvo de votar a favor del decreto original al detectar inconsistencias.

La iniciativa será revisada en comisiones y, de avanzar, podría modificar los criterios de aplicación del impuesto predial 2026 en Manzanillo, en medio de un debate que ha polarizado a distintos sectores sociales y productivos del municipio.