Gobierno de México cancela 1,126 concesiones mineras

México, Avanzada (12/02/2026).- El Gobierno de México ha cancelado y recuperado 1,126 concesiones mineras que en conjunto abarcan 889 mil 502 hectáreas, informó el Jefe de la Unidad de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz Saro, durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que esta política responde a la instrucción presidencial de revisar las concesiones otorgadas en administraciones pasadas, con el objetivo de frenar la especulación y garantizar el uso responsable de los bienes nacionales. Detalló que muchas de las concesiones canceladas no registraban actividades de exploración, incumplían con el pago de derechos durante más de dos años o no presentaban los informes técnicos y estadísticos obligatorios, causales que, conforme a la ley, derivan en su cancelación.

Aboitiz Saro subrayó que del total recuperado, cerca de 250 mil hectáreas se ubican en Áreas Naturales Protegidas, lo que fortalece la política ambiental del gobierno federal al impedir actividades extractivas en zonas de alto valor ecológico. Para dimensionar la magnitud, señaló que la superficie recuperada equivale aproximadamente a la extensión territorial del estado de Querétaro.

La revisión abarcó prácticamente todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, donde la actividad minera es prácticamente inexistente. Los estados con mayor número de cancelaciones son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango y Jalisco.

El funcionario precisó que la mayoría de las concesiones que hoy se revierten fueron otorgadas en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, periodos en los que se entregaron amplias extensiones del territorio nacional. Añadió que, además de las cancelaciones por incumplimiento, también se ha logrado la devolución voluntaria de algunas concesiones tras diálogo con empresas del sector.

Con esta medida, el gobierno federal busca evitar la retención ociosa de tierras con fines especulativos, proteger ecosistemas estratégicos y recuperar control sobre recursos considerados propiedad de la Nación.