Avanzada (07/02/2026).- El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, afirmó que delitos como el homicidio, el secuestro y la extorsión son expresiones directas de la operación de “empresas criminales”, por lo que su combate debe centrarse no solo en la persecución penal de los hechos violentos, sino en el rastreo y desarticulación de los flujos financieros y activos que sostienen a estas organizaciones.
El funcionario explicó que estos delitos funcionan como indicadores de disputas entre mercados ilícitos altamente rentables, por lo que insistió en que la estrategia del Estado debe ir más allá del control policial inmediato. “El crimen organizado es esencialmente económico. Si no se sigue el dinero, no se desarticula su capacidad de acción”, señaló.
Cordero destacó que los indicadores de violencia grave han mostrado una tendencia a la baja. Detalló que Chile cerró el año 2025 con una tasa de homicidios de 5.4 por cada 100 mil habitantes, por debajo del pico registrado en 2022, cuando alcanzó 6.7, el nivel más alto en décadas. Añadió que durante enero de 2026 se registra una reducción cercana al 30 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, que ya había mostrado una disminución.
Asimismo, subrayó un descenso significativo en los homicidios frustrados y en los robos violentos de vehículos, particularmente los portonazos, delitos que habían generado alta alarma social en años recientes. Reconoció que persisten episodios violentos focalizados, principalmente en sectores específicos de la Región Metropolitana, pero aclaró que se trata de zonas plenamente identificadas que requieren intervenciones policiales intensivas, sin caer en estigmatización territorial.
El ministro atribuyó estos resultados a un cambio de paradigma en la política de seguridad, basado en mayor coordinación entre policías, Ministerio Público y otros organismos del Estado, así como en consensos legislativos que permitieron fortalecer las capacidades institucionales y aumentar presupuestos.
En ese contexto, resaltó el papel estratégico de instituciones como Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, organismos que, aunque no fueron creados con fines de seguridad, hoy resultan clave para detectar operaciones irregulares y bloquear el lavado de dinero. Como ejemplo, mencionó que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha permitido canalizar más de 278 mil millones de pesos a diversas dependencias vinculadas a la persecución del delito.
Finalmente, Cordero sostuvo que la reducción sostenida de la violencia depende de mantener este enfoque integral: perseguir los delitos visibles, pero sobre todo, atacar la estructura económica que los hace posibles.