Sistema penitenciario de Colima: Opaco, rezagado y sin enfoque de derechos humanos

Colima, México, Avanzada (31/01/2026).- El sistema penitenciario de Colima arrastra rezagos estructurales, vacíos normativos y una profunda opacidad institucional que impide conocer su verdadera capacidad operativa y el estado real de sus condiciones laborales, de seguridad y de respeto a los derechos humanos, señala el informe 2025 de la organización Causa en Común.

El diagnóstico parte del obstáculo central que implica la reserva sistemática de información clave por parte de la autoridad penitenciaria, pues la institución clasificó como confidenciales el estado de fuerza, la escala jerárquica, los perfiles de puesto, la escolaridad de los mandos y hasta los indicadores de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Esta decisión impidió conocer cuántos custodios operan en el estado, cuántas mujeres integran la corporación, cuántos psicólogos atienden al personal y cuál es el volumen real de inconformidades contra los elementos.

En materia de servicio profesional de carrera, Causa en Común advierte que la institución ni siquiera considera esta área dentro de su Programa Operativo Anual, lo que impide planear la formación, evaluación y ascenso del personal.

El sistema de promociones carece de lineamientos formales, no se apoya en evaluaciones de desempeño y no se realizan ascensos de grado de manera periódica, como mínimo una vez al año.

A ello se suma la falta de una política clara de profesionalización, ya que el informe señala que el instituto de formación no realiza estudios de necesidades de capacitación ni cuenta con programas generales de formación policial que permitan actualizar al personal de seguridad y custodia.

Otro foco rojo es la ausencia de un régimen disciplinario funcional, debido a que la institución no ha incorporado esta materia al Plan Estatal de Desarrollo, carece de lineamientos para recibir denuncias internas, no tiene protocolos para investigar faltas y tampoco dispone de mecanismos alternos para la recepción de quejas.

Además, el personal no cuenta con servicio psicológico institucional ni con representación ante el Consejo de Honor y Justicia, lo que debilita cualquier intento de control interno o rendición de cuentas.

Aunque los custodios reciben las prestaciones básicas que marca la ley, no cuentan con seguro de retiro ni con días de descanso garantizados y en el caso de las mujeres el rezago es aún mayor, pues no existen salas de lactancia ni servicios de guardería que les permitan conciliar la vida laboral y personal.

El informe identifica un déficit grave en perspectiva de género, la institución no cuenta con un protocolo para atender casos de violencia de género, este enfoque no aparece como principio del sistema penitenciario ni está incorporado en el reglamento del servicio profesional de carrera.

Tampoco se pudo conocer cuántos elementos han sido capacitados en esta materia, ya que esa información fue clasificada como reservada.

Causa en Común recomienda que el Consejo de Honor y Justicia tenga una integración paritaria y que se cree un área especializada para atender la violencia de género dentro del sistema.

En el rubro del uso de la fuerza, no existe mención alguna en el programa operativo anual, ni un protocolo de evaluación, ni un manual de técnicas, tampoco un protocolo con enfoque de género, ni para la atención de niñas, niños y adolescentes, ni uno con perspectiva de derechos humanos.

La institución tampoco lleva un registro de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por su personal, lo que anula cualquier posibilidad de supervisión real.

Las prácticas de tiro se realizan sin estándares definidos ni control de cartuchos percutidos. Además, se clasificó como reservada toda la información relacionada con armas incapacitantes menos letales, equipo de protección, cámaras corporales y el porcentaje de elementos que asisten a entrenamientos de precisión y reacción.

En el plano normativo, Colima no cuenta con una ley especializada en materia penitenciaria, y la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario depende orgánicamente de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que limita su autonomía.

De los cuatro centros penitenciarios del estado, ninguno cuenta con certificación internacional, sólo tres tienen separación para delitos de privación de la libertad y delincuencia organizada, y ninguno cuenta con áreas diferenciadas por situación jurídica, lo que contraviene estándares mínimos de derechos humanos.

Incluso el equipamiento de los centros fue clasificado como reservado, lo que impide evaluar si cumplen con estándares internacionales como los de la Asociación Americana de Correccionales.

Para Causa en Común, la suma de carencias, omisiones y reservas de información no sólo refleja debilidades administrativas, sino un modelo penitenciario cerrado, opaco y sin controles efectivos, que coloca en riesgo tanto a las personas privadas de la libertad como al propio personal.

El informe concluye que Colima enfrenta una oportunidad crítica para transformar su sistema penitenciario, pero advierte que sin transparencia, profesionalización, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, cualquier reforma quedará en el papel.