Avanzada (26/01/2026).- La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos condenó actos que calificó como agresión verbal, intimidación y obstrucción del ejercicio periodístico, presuntamente cometidos por la regidora de Cuautla por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Anita Sánchez Guerra, en contra de las periodistas Silvia Lozano y Guadalupe Flores.
De acuerdo con el posicionamiento, los hechos ocurrieron el viernes durante una cobertura informativa en un espacio público, a las afueras del Palacio de Gobierno estatal, en el centro de Cuernavaca. En ese contexto, la funcionaria habría utilizado el dispositivo de seguridad oficial asignado a su resguardo como mecanismo de presión e intimidación, además de grabar con su teléfono celular a las comunicadoras.
La Red expresó su solidaridad con las periodistas, al señalar que su labor se realizó dentro del marco legal y con apego a principios éticos, al documentar el despliegue de seguridad destinado a resguardar a la regidora y a su hermana, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, en un espacio público. Precisó que la cobertura se efectuó a distancia, sin interferir en el operativo, obstruir el tránsito ni vulnerar la esfera privada de las funcionarias.
Según el relato, la regidora regresó de manera abrupta hacia las reporteras, detuvo el tránsito vehicular con apoyo de elementos de seguridad y, respaldada por dicho despliegue, las increpó, elevó el tono de voz, les exigió datos personales y las acusó de hostigamiento, sin señalar alguna falta específica.
La organización sostuvo que este episodio no sería un hecho aislado. Indicó que ha documentado al menos cuatro incidentes previos, algunos difundidos públicamente por las propias funcionarias, en los que —afirma— se ha confrontado, intimidado o desacreditado a periodistas durante coberturas informativas, lo que a su juicio evidencia un patrón de prácticas sistemáticas de hostigamiento contra la prensa.
La Red subrayó que las agresiones, la exigencia de datos personales y el uso de grabaciones con fines intimidatorios constituyen, desde su perspectiva, una obstrucción al ejercicio periodístico y una vulneración a la libertad de expresión, protegida por los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, recordó que las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor escrutinio social y deben conducirse con apego a la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que —señaló— utilizar la investidura, cuerpos de seguridad o medios de grabación para amedrentar a la prensa representa un exceso en el ejercicio de funciones.
Entre sus exigencias, la Red pidió a la regidora Anita Sánchez Guerra abstenerse de agredir, intimidar o desacreditar a periodistas y respetar el ejercicio profesional de la prensa en Morelos. También llamó al PVEM a exhortar a sus funcionarias involucradas a conducirse con respeto hacia los medios de comunicación y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes.
Finalmente, solicitó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Morelos analizar los hechos y determinar medidas preventivas y de no repetición, al reiterar que “no es acoso preguntar, documentar ni informar” y que la violencia contra la prensa no debe normalizarse.