Movimiento Ciudadano exige restitución inmediata de la seguridad para Griselda Martínez

Ciudad de México, Avanzada (10/12/2025).- Diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano presentaron este martes en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la restitución de las medidas de protección a favor de Griselda Martínez Martínez, ex presidenta municipal de Manzanillo, quien ha sido víctima de dos atentados y actualmente se encuentra sin la seguridad federal que le fue otorgada por disposición ministerial.

Durante la conferencia de prensa, encabezada por la diputada Patricia Mercado, legisladores y dirigencias de Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo a Martínez, quien participó de manera remota desde Manzanillo. Mercado explicó que el punto de acuerdo exhorta a la FGR a asegurar la restitución de las medidas de protección que garanticen la vida y la integridad de la ex alcaldesa, así como a la SSPC para que destine recursos humanos y materiales que permitan su seguridad.

Griselda Martínez relató los antecedentes de riesgo que enfrenta desde 2019, cuando sufrió un primer atentado en el que su vehículo recibió más de 40 disparos mientras transitaba por una avenida principal de Manzanillo. En el ataque resultó herido un escolta de la Secretaría de Marina y una mujer civil que se encontraba estacionada más adelante recibió un disparo en la cabeza. Pese a ello, Martínez decidió permanecer en el cargo y continuar —dijo— con la depuración de la policía municipal y la presentación de denuncias por corrupción.

Posteriormente, en junio de 2022, la ex alcaldesa fue objeto de un segundo ataque contra los vehículos en los que se trasladaba para actividades públicas. Aunque ambos casos fueron atraídos por la FGR, Martínez aseguró que no existe ningún avance en las investigaciones y acusó que sus carpetas han permanecido “dormidas” tanto en la fiscalía estatal como en la federal.

Tras los atentados, la Secretaría de Marina le otorgó protección durante cinco años. Sin embargo, denunció que al concluir su periodo como presidenta municipal la Guardia Nacional retiró su escolta, pese a que un Ministerio Público federal había ordenado mantenerla como parte del Registro Nacional y Estatal de Víctimas. Actualmente, solo cuenta con un elemento estatal y dos municipales, sin vehículos ni capacidad operativa, lo que —explicó— la mantiene prácticamente en “prisión domiciliaria”, pues no puede desplazarse fuera de Manzanillo sin quedar totalmente expuesta.

Martínez subrayó que esta situación afecta su derecho a la libre movilidad y a la participación política, pues incluso trasladarse a Colima capital o a la Ciudad de México implica hacerlo sin protección. Señaló también que el clima de violencia en Colima continúa en ascenso y recordó que este lunes fue atacado a balazos el subsecretario de Operaciones de Seguridad Pública del estado, quien se encuentra hospitalizado.

En la conferencia intervino también Gonzalo, integrante de un grupo ciudadano que acompaña a Martínez, quien calificó la retirada de la seguridad como una decisión ilegal y una forma de revictimización. Añadió que la situación representa un bloqueo político contra la ex alcaldesa, a quien —afirmó— se busca impedir que participe activamente en procesos electorales.

Por su parte, las diputadas Laura Ballesteros e Ivonne Ortega aseguraron que la bancada impulsará el punto de acuerdo para que se vote a la brevedad, incluso durante los trabajos de la Comisión Permanente. Coincidieron en que la situación de Martínez refleja la crisis de inseguridad que vive Colima, entidad que registra la mayor tasa de homicidios dolosos del país.

Además el exdirigente de Movimiento Ciudadano en Colima, Benjamín Alamillo reiteró que el estado enfrenta una violencia persistente que se ha normalizado en la vida cotidiana y que ha alcanzado a servidores públicos y activistas. Recordó asesinatos recientes, entre ellos el de una ex presidenta municipal de Cuauhtémoc y de funcionarios de Villa de Álvarez y Manzanillo, además de los atentados contra la propia Martínez.

La conferencia concluyó con el compromiso de la bancada naranja de gestionar ante la SSPC y la FGR la restitución inmediata de la seguridad para la ex alcaldesa. Martínez agradeció el respaldo y pidió que su caso sea atendido con urgencia: “Mi vida realmente está en riesgo, y la Federación no ha puesto atención. Ojalá esto sirva para que se revierta este estado de indefensión”.

Copete: Legisladores de Movimiento Ciudadano exigieron a la FGR y a la SSPC restituir la seguridad de la ex alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien ha sobrevivido a dos atentados y denunció que la retirada de su escolta federal vulnera sus derechos como víctima.