Condenan terrorismo en Coahuayana y exigen paz real para la Sierra-Costa de Michoacán

Avanzada (08/12/2025).- La comunidad nahua de Santa María Ostula condenó enérgicamente el atentado perpetrado el 6 de diciembre contra la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, un ataque que dejó cinco personas fallecidas y alrededor de veinte heridas. En un pronunciamiento público, la comunidad señaló que el crimen tiene como propósito sembrar terror entre la población y desarticular el sistema de seguridad comunitaria que los pueblos han construido para su propia protección.

Ostula responsabilizó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que —afirmaron— mantiene desde hace cinco años una ofensiva para desplazar a las comunidades de la región y apoderarse de sus territorios. Frente a ello, anunciaron que mantendrán su unidad y organización para garantizar la seguridad de sus habitantes y exigir a las autoridades una actuación efectiva contra la delincuencia.

La comunidad expresó su solidaridad con la Policía Comunitaria de Coahuayana y con su comandante, Héctor Navarrete, cuyo trabajo —destacaron— ha sido clave desde 2013 para contener a los grupos criminales que operan en la Costa-Sierra. También enviaron un mensaje de apoyo a los habitantes de Coahuayana ante la gravedad de los hechos.

En el comunicado, Ostula cuestionó duramente a los gobiernos estatal y federal por su falta de resultados en el combate al crimen organizado. Señalaron que, pese a los discursos oficiales sobre los derechos de los pueblos originarios, la violencia se mantiene y los grupos criminales actúan con impunidad. Incluso criticaron el reciente Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al considerar que los más de 50 mil millones de pesos anunciados no se han traducido ni en paz ni en justicia para la región.

La comunidad denunció además que la militarización del territorio ha afectado el funcionamiento de las policías comunitarias y guardias comunales, particularmente por acciones de la Marina y la Guardia Nacional, lo que —aseguraron— debilitó sus capacidades de autodefensa y contribuyó a que ocurriera un ataque como el del 6 de diciembre.

Ostula insistió en que la solución no está en aumentar la presencia militar ni en criminalizar a las estructuras de seguridad comunitaria, sino en desarticular a las organizaciones criminales desde sus bases, combatir la corrupción institucional y respetar la libre determinación de los pueblos.

La comunidad exigió a los gobiernos federal y de Michoacán: castigar a los responsables materiales e intelectuales del atentado; aplicar acciones reales y duraderas para desmantelar al CJNG y otros cárteles; cesar la complicidad entre autoridades y delincuencia; respetar plenamente los derechos de los pueblos; y garantizar el funcionamiento de policías comunitarias y guardias comunales.