Sientan en el banquillo al Fiscal de Colima: solicitan juicio político por revictimizar a Gaby Mejía

Colima, México, Avanzada (01/12/2025).- El exdiputado Jesús Dueñas, actual delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Colima, presentó este lunes ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la solicitud formal para iniciar un juicio político contra el fiscal general, Bryant Alejandro García Ramírez, por presuntas violaciones a diversas leyes federales y estatales, derivadas de sus declaraciones públicas sobre el homicidio de la regidora Gabriela Mejía Martínez.

De acuerdo con el documento entregado —registrado como Oficio 011/25, Expediente 001/25—, el fiscal habría vulnerado la Constitución federal y local, la Ley General de Víctimas, la Ley de Juicio Político, la Ley Ingrid, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como disposiciones del Código Penal Federal y estatal, al emitir declaraciones que revictimizaron a la exalcaldesa y regidora asesinada el pasado 14 de octubre.

Dueñas argumentó que las afirmaciones del fiscal, difundidas el 12 de noviembre en medios digitales, violan el deber legal de proteger la intimidad, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, principios que también están establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. El documento señala que García Ramírez expuso información personal y líneas de investigación sobre la víctima sin sustento legal ni pertinencia, lo que contraviene normas específicas que prohíben la revictimización, especialmente en casos que involucran violencia de género.

“Mientras Morena utiliza las fiscalías para la persecución política y fraudes electorales, nosotros seguiremos exigiendo que cumplan con su responsabilidad. Nadie debe estar por encima de la ley”, afirmó el delegado de MC, quien llamó a las diputadas y diputados que integran la Comisión de Responsabilidades a atender su mandato y proceder conforme a derecho.

La solicitud pide que el Congreso analice las presuntas faltas del fiscal y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes, incluida la separación del cargo, argumentando que el funcionario incurrió en conductas que transgreden principios de objetividad, legalidad, profesionalismo e imparcialidad.