Los colimenses comenzarán el 2026 con más impuestos y deuda pública

Colima, México, Avanzada (01/11/2025).- A pocas semanas de que arranque el año fiscal 2026, los colimenses enfrentarán una nueva carga impositiva que golpeará directamente al sector privado y de rebote, a los bolsillos de los trabajadores. El Congreso del Estado aprobó elevar del 2 al 3 por ciento la tasa del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), lo que incrementará la recaudación de 617.1 millones a mil 63.6 millones de pesos: un aumento de 354.5 millones, prácticamente equivalente al recorte federal de 430 millones que recibirá la entidad el próximo año.

La narrativa oficial sostiene que el incremento permitirá “fortalecer los servicios de salud y educación, financiar programas económicos y mejorar la infraestructura estatal”. Incluso se asegura que la medida podría elevar el llamado “Coeficiente Efectivo de Participaciones Federales” y, eventualmente, atraer mayores recursos. Sin embargo, el discurso institucional contrasta con la realidad económica que viven las empresas y las familias.

Según datos del INEGI, en 2024 Colima contaba con 44 mil 193 establecimientos; el 94.2 por ciento eran micronegocios, es decir, unidades económicas con 10 trabajadores o menos, y que emplean a cerca de la mitad de la población ocupada en el sector privado. Son precisamente esas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), el verdadero motor económico del estado.  las que resentirán el incremento del ISN a partir del 1 de enero de 2026. En Colima, las grandes empresas son minoría, pero todas sin excepción deberán absorber el aumento fiscal.

La presión no termina ahí. En 2024, el Congreso estatal instauró los llamados “impuestos ecológicos”, que obligan a empresas y organismos públicos o privados que emitan gases de efecto invernadero a pagar una tasa equivalente a cinco veces el valor diario de la UMA por cada tonelada de CO₂ equivalente. Aunque se presentaron como una medida ambiental, en la práctica se suman a la creciente carga fiscal que complica la supervivencia de las MiPyMEs en un estado donde la inseguridad y la violencia ya lastiman profundamente la actividad económica.

Los contribuyentes también deberán absorber un costo mayor por decisiones y omisiones de gobiernos anteriores y del actual. El viernes pasado, el Congreso estatal aprobó la creación de un fideicomiso para cubrir la deuda acumulada del Gobierno del Estado con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos de Colima (IPECOL). El adeudo total supera los mil 700 millones de pesos y proviene de años de anomalías documentadas por el OSAFIG en 2018: créditos no cobrados, pagos duplicados, gastos sin sustento y desorden administrativo, ninguno sancionado. Más aún: el actual gobierno también mantiene adeudos con el instituto pese a haber presupuestado recursos para cubrirlos. Ahora, el quebranto será cubierto con ingresos del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, cargando nuevamente sobre los ciudadanos el costo de una mala administración crónica.

A esta cadena de presiones se suma el incremento del 50 por ciento al transporte público, autorizado en junio de 2024. La tarifa en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez pasó de 8 a 12 pesos; en Manzanillo subió a 13 y en Tecomán a 10 pesos. El alza fue justificada con la promesa de mejorar unidades y rutas. No obstante, un año después, usuarios siguen padeciendo unidades deterioradas, recorridos irregulares y un servicio deficiente. El golpe al bolsillo fue inmediato; la mejora prometida, no.

Estos cuatro años de gobierno han significado para los colimenses una secuencia constante de más impuestos, tarifas más altas y cargas derivadas de la opacidad, los desvíos y las omisiones que permanecen impunes.