No hay dinero para hacer pruebas de ADN a todos los cadáveres hallados en fosas de Colima

Colima, México, Avanzada (29/11/2025).- Durante la conferencia “Alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Colima: origen y antecedentes”, impartida ayer por la doctora Evangelina Flores Ceceña en el marco del noveno aniversario de la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, se reveló uno de los datos más alarmantes sobre la crisis de violencia en la entidad: el Estado no cuenta con recursos suficientes para realizar pruebas de ADN a todos los cuerpos de mujeres encontrados en más de un centenar de fosas.

De acuerdo con Flores Ceceña, este vacío presupuestal mantiene en el abandono a decenas de familias que buscan a sus hijas, hermanas o madres. La especialista explicó que, al solicitar información sobre cuántas mujeres han sido localizadas en las fosas del estado, la respuesta de las autoridades ha sido contundente: “No tenemos dinero para hacer las pruebas de ADN a todas las personas”. Añadió que esta situación se agrava porque el presupuesto destinado históricamente a Conavim para atender la alerta de violencia de género se agotó, y la estructura federal responsable de dar seguimiento a estas medidas fue desmantelada.

La doctora sostuvo que Colima no solo enfrenta una crisis grave de desapariciones y feminicidios, sino también una falta sistemática de voluntad institucional. Señaló que múltiples secretarías estatales y ayuntamientos continúan evadiendo sus obligaciones en materia de prevención, atención y seguimiento de la alerta de violencia de género declarada para cinco municipios desde 2017. Incluso, aspectos mínimos como difundir mensajes de “cero tolerancia” en plataformas digitales oficiales —que no implican costo alguno— no se han cumplido.

Al exponer el origen de la alerta, Flores Seseña detalló que el proceso para su emisión tardó más de dos años debido a la resistencia de los gobiernos estatales y a periodos electorales en los que diversas organizaciones decidieron no presionar para evitar que la medida se utilizara políticamente. Recordó que, cuando finalmente se declaró la alerta, las autoridades recibieron 10 recomendaciones específicas, la gran mayoría relacionadas con seguridad, prevención y justicia. Pero a la fecha —sostuvo— el estado no ha cumplido cabalmente con ellas.

La especialista criticó que unidades clave, como la de contexto para investigar feminicidios, homicidios de mujeres, violencia sexual y desapariciones, sigan operando sin presupuesto y dependan económicamente de la fiscalía general, lo que limita su independencia y alcance. Subrayó también que en Colima no se aplica de forma adecuada el protocolo para investigar muertes violentas de mujeres, pese a que la normativa obliga a iniciar las indagatorias bajo perspectiva de feminicidio.

Asimismo, cuestionó la falta de seguimiento a las órdenes y medidas de protección, la ausencia de patrullajes preventivos, la inexistencia de transporte seguro para mujeres y la desatención generalizada de los ayuntamientos cuando el Instituto Colimense de las Mujeres les solicita informes sobre acciones preventivas.

Flores Ceceña advirtió que la situación nacional no es menos grave: 26 entidades ya cuentan con alertas de género, y organizaciones han comenzado a solicitar una alerta nacional ante el aumento de feminicidios, desapariciones, trata, violaciones y lesiones contra mujeres y niñas. Sin embargo, dijo, el presupuesto federal destinado al anexo 13 —el que debería financiar acciones de prevención y atención— se concentra en más de un 80 % en programas sociales, dejando recursos mínimos para refugios, centros de justicia y estrategias de prevención.

En su mensaje final, la doctora reiteró que en Colima existen medidas decretadas que ni siquiera requieren dinero y no han sido cumplidas. En contraste, aquellas que sí demandan recursos permanecen sin ejecución.

Copete:

La doctora Evangelina Flores Seseña reveló que Colima no puede identificar cuerpos de mujeres hallados en fosas por falta de recursos, pese a tener una alerta de género vigente desde 2017 y múltiples obligaciones pendientes de cumplimiento.